Desde el 3 de mayo de este año, el presidente ejecutivo y diez directivos de Banesco se encuentran detenidos. Primero, fueron a la sede en Caracas de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) tras ser “invitados” a declarar; allí fueron privados de libertad. Ahora, las tres mujeres del grupo fueron enviadas al Internado Nacional de Orientación Femenina (Inof) y el resto, todos hombres, al Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, un anexo a la antigua cárcel conocida como La Planta.
El Ministerio Público anunció que por facilitar y/o encubrir “ataques contra la moneda venezolana” los directivos de Banesco serían privados de su libertad, lo cual fue aceptado por el Tribunal Tercero de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Óscar Doval García, presidente ejecutivo de Banesco; Marco Tulio Ortega Vargas, consultor jurídico; Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo López, Belinda Omaña y Pedro Pernia, vicepresidentes; la directora, Liz Carolina Sánchez de Rojas; los gerentes David Romero y Cosme Betancourt; y los oficiales de cumplimiento Teresa Prisco Pascale y Carmen Lander fueron imputados el 4 de mayo por comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir, delitos que están contemplados en la Ley Contra el Terrrorismo y Delincuencia Organizada.
Fuentes internas del Ministerio para Servicios Penitenciarios confirmaron los sitios de reclusión, pues ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ni ninguna otra autoridad del sistema judicial brindó información al respecto. Allegados a los directivos indicaron que la decisión de enviarlos a estos lugares se debió al hacinamiento en las celdas de la Dgcim y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Los centros de reclusión donde fueron ingresados los directivos de Banesco operan bajo el Nuevo Régimen Penitenciario, implementado por Iris Varela como ministra y donde se encuentran personas que cometieron delitos como homicidio, secuestro y robo.
El Nuevo Régimen es un programa de disciplina militar que incluye cumplimiento de horario para despertar, comer y dormir; el canto de consignas pro grobierno; el uso de uniforme y corte de cabello al ras del cuero cabelludo (para los hombres); y un mes de adaptación, durante el cual no se permite que el detenido se comunique con sus familiares.
En el Inof, cárcel ubicada en Los Teques, estado Miranda, existe una celda en la que internan a las nuevas privadas de libertad y se le conoce como “El Tigrito“. Según activistas de derechos humanos, el espacio es reducido y deben pernoctar más de cinco detenidas al mismo tiempo.
El anexo de La Planta es un espacio recuperado por el Ministerio después de cinco años de permanecer clausurada la cárcel ubicada en una zona residencial de El Paraíso, Distrito Capital. Al lugar trasladaron a los privados de libertad de otras nacionalidades.
En marzo de este año, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que 83 reclusos extranjeros denunciaron la violación de sus derechos humanos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar“. “Hasta los animales tiene derecho a ser visitados en sus jaulas ¿Por qué nosotros no?”, fue parte del comunicado que enviaron los detenidos a la organización que lucha por los derechos humanos.
De acuerdo con el Código Procesal Penal Venezolano, el presidente y los diez directivos deberían permanecer en estas cárceles por 45 días, tiempo estipulado para que la Fiscalía investigue si existen razones para acusar a los detenidos.
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