En plena tensión internacional con el Kremlin, Estados Unidos tomó la delantera y lanzó su golpe más directo. El Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones a 19 ciudadanos y 5 empresas rusas tanto por su participación en la fabricación y diseminación de fake news (bulos) durante la campaña electoral de 2016 como por una serie orquestada de ciberataques contra sectores claves de la economía. El castigo, el mayor varapalo propinado hasta la fecha por Donald Trump a Moscú, ahonda la brecha internacional frente a Vladímir Putin a tres días de las elecciones presidenciales rusas.

El aviso del contragolpe estadounidense estaba dado. Hace casi un mes, el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, destapó la fábrica de las fake news y acusó a 13 ciudadanos y tres empresas rusas de haber construido un gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Latkha, destinado a interferir en los comicios mediante la intoxicación en redes sociales y el activismo de base. Era la prueba más palpable hasta la fecha de la injerencia y de su capacidad para actuar por encima de las leyes foráneas.

Un caso que ahora se ha repetido con el envenenamiento mediante gas nervioso el pasado 4 de marzo en la localidad inglesa de Salisbury del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija. Ataque que EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania han considerado en un comunicado conjunto “la primera utilización ofensiva de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial” y “un asalto a la soberanía británica” que “amenaza la seguridad de todos”.

En este horizonte de Guerra Fría, Estados Unidos eligió el momento para lanzar un obús que venía preparándose desde hacía días y del que habían advertido tanto la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, como la embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Fue un disparo político sobre el caso que más ha irritado a la opinión pública estadounidenses y que se ha convertido en el antecedente más claro de otras injerencias rusas en Occidente. Aún así, Trump, siguiendo una costumbre que no deja de levantar suspicacias, se guardó su proverbial locuacidad y nada dijo sobre Putin ni las sanciones. En su día incluso negó la mayor y redujo todo a “una invención de los demócratas”.

Las penalizaciones acarrean el bloqueo de las propiedades de los afectados en EE UU y su prohibición de operar y hacer negocios en el sistema estadounidense. Algunas de las organizaciones sancionadas, como los servicios de espionaje ruso y de inteligencia militar, ya son objeto de represalias estadounidenses por sus acciones en Ucrania. Entre los castigados figura como cerebro de la injerencia, Yevgueni Prigoyin, un empresario ruso que tiene bajo su control el abastecimiento del Kremlin y que es considerado un aliado de Putin.

“La Administración se enfrentando y contrarrestando las ciberactividades malignas de Rusia, incluidos sus intentos de interferir en elecciones en EE UU, hablamos ciberataques destructivos e intrusiones que apuntan a infraestructuras críticas”, dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado.

Uno de los ciberataques, que Washington y Londres atribuyen al Ejército ruso, es el llamado NotPetya, que se originó en junio de 2017 en Ucrania y que se propagó por buena parte del mundo, afectando al comercio mundial y la distribución de fármacos. Es considerado el más destructivo y caro ciberataque de la historia.

En paralelo, el Tesoro reveló que desde marzo de 2016 piratas informáticos vinculados al Kremlin han tratado de atacar organizaciones gubernamentales estadounidenses y sectores esenciales de la primera potencia mundial, como el energético, nuclear, de agua o aviación. Ese aviso, hasta ahora desconocido, sin duda alimentará el debate político en EE UU sobre las maniobras desestabilizadoras de Rusia.


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