Abogados señalan que de ser aprobada la iniciativa de Maikel Moreno, presidente del TSJ ante la Asamblea Nacional Constituyente, iría en contra de los derechos humanos y la garantía establecida en la actual Constitución de que las penas no pueden ser mayores de 30 años. Además podría no ser una solución viable para evitar se sigan cometiendo crímenes.


Caracas.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, propuso el pasado 15 de agosto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) incrementar la pena máxima en delitos de homicidios, secuestro, traición a la patria, terrorismo y robo a “más de 50 años”, a pesar de que la Constitución de 1999 establece que la pena máxima no será mayor de 30 de años.

Esta propuesta de ser aprobada e incluida en la nueva Constitución, violaría la garantía del derecho que establece el artículo 44, numeral 3 de la Carta Magna vigente, el cual establece que “la pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años”.

Laura Loiza, abogada y directora de Acceso a la Justicia, asociación civil que se identifica como un observatorio venezolano de la justicia, declaró a El Universal que si esta iniciativa es aprobada, violaría la progresividad de los derechos, es decir, que cuando existe un derecho no lo pueden revocar, porque “si una pena tiene mínimo 50 años, que puede ser hasta más, eso puede durar la vida de una persona”.

“Establecer una pena que prácticamente es perpetua, es violar esa garantía que ya tenemos y que una nueva Constitución no nos debería quitar por la progresividad del derecho”, explicó Loiza, quien además señaló que también constituiría una violación a los derechos humanos que son progresivos.

Por otra parte, la directora de Acceso a la Justicia criticó que en la propuesta de Moreno se incluyan delitos como traición a la patria y terrorismo, los cuales han sido impugnados recientemente a políticos y personas que han participado en protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

La propuesta del presidente del TSJ se suma a la instalación de la Comisión de la Verdad y la del Ejecutivo, quien presentó una ley contra el odio, la intolerancia y la violencia, la cual tendrá el objetivo de “castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión”.

Para Loiza, estas acciones son “una política de Estado para acallar a la disidencia” cuando además la ANC y el Gobierno no se han abocado en propuestas para la solución de los problemas reales del país, como la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y la crisis económica.

“Estamos viendo una radicalización del régimen, menos garante y además institucionalizando y legalizando la persecución”, opinó la directora de Acceso a la Justicia.

Por otra parte, Loiza considera que las otras propuestas de Moreno, como implementar las tecnologías para evitar la corrupción judicial y un sistema anticorrupción, son positivas pero solo si el TSJ realmente comenzara a sancionar de acuerdo a la ley, pues hasta ahora no lo ha hecho según un estudio de Acceso a la Justicia sobre las sanciones del máximo tribunal en materia de corrupción.

En su opinión más que un tema de subir sanciones o crear sistemas tecnológicos, “es un tema de voluntad política”.

Aumentar las penas podría no significar que se dejen de cometer los crímenes

Con respecto a los delitos de homicidio, secuestro y robo, el abogado penalista, Gustavo Limongi, considera que es más factible aplicar penas moderadas pero de efectiva aplicación. “No se trataría de aplicar una pena alta por el hecho de considerarla merecida, ya que lo determinante es la eficacia de la misma y ella solo puede ser posible, si se aplica una sanción de manera efectiva y que produzca un efecto ejemplarizante a la sociedad”, explicó en entrevista a El Universal.

El presidente del TSJ en su intervención ante la ANC afirmó que en el país existe una “escalada impunidad”, producto de la gestión del Ministerio Público, que a su juicio tuvo intereses “oscuros” que afectaron la aplicación correcta de la justicia. Por eso instó a los constituyentes a revolucionar el aparato judicial y revisar la legislación penal del país, aumentando las penas debido a que no corresponden a la magnitud del daño causado.

El abogado Limongi señaló que a lo largo de los años se han efectuado propuestas similares e incluso la ANC de 1999 debatió sobre el tema, sin embargo se impuso la tesis del abogado, criminólogo, penitenciarista, Elio Gómez Grillo, quien era partidario de que las penas debían ser humanas e impedir que se volvieran a cometer los delitos.

A juicio de Limongi, sería mejor impulsar una reforma profunda al sistema judicial y al sistema penitenciario, creando un sistema judicial preventivo de corte restaurativo, en donde se juzgue al autor de delitos menores o delitos que afectasen el patrimonio personal. Además de crear un sistema judicial de jueces autónomos con participación de los ciudadanos, como está establecido en el Código Procesal Penal para Iberoamérica y se disponía en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano.

En cuanto al sistema penitenciario, el abogado penalista propone la creación de establecimientos carcelarios clasificados para los diferentes tipos de delitos; “e incluso propiciaría el modelo de "cárceles-industrias", en donde el penado se dedicara a actividades productivas y fuese reeducado; un sistema que propiciara la creación de instalaciones de salud mental para atender algunos casos en los que la realización del delito está asociado a patologías de los autores”, dijo Limongi.

Con respecto a los delitos como traición a la patria y terrorismo, reconoce que son delitos graves que deben ser sancionados debidamente, pero ha quedado evidenciado en la historia que el endurecimiento de las penas de estos tipos de crímenes no han hecho que desaparezcan.

“En la actualidad está demostrado que nadie deja de delinquir porque se apliquen penas severas, si ello fuese así, no seguirían existiendo grupos extremistas en el mundo, por ejemplo”, apuntó.

La ANC podría aceptar la propuesta de Moreno si es incluida en la nueva Constitución, que dependerá de la voluntad popular ser aprobada o no, pero solo si el texto fundamental redactado por el oficialismo es sometido a referendo como el de 1999.


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