El oficialismo ejerce la mayor presión sobre el personal del sector público contratado o en espera de un ascenso de cargo, denunciaron sindicalistas

 
Desde la semana pasada el gobierno presiona a empleados del sector público, sobre todo al personal contratado de reciente ingreso o en espera de ser ascendido de cargo, para que apoyen a sus candidatos a la asamblea nacional constituyente. “Los trabajadores del Metro de Caracas en esta situación deben estampar primero su firma para respaldar las postulaciones de los directivos del sindicato a la constituyente obrera”, afirmó una fuente de la empresa.

Explicó que en el Metro condicionan con la firma el pase a nómina fija a los nuevos empleados que se entrenan para ingresar en las gerencias de operaciones y seguridad patrimonial, así como los ascensos por antigüedad y mérito.

“Los empleados deben estampar su rúbrica de apoyo a Edison Alvarado, actual presidente del sindicato que aspira a ser elegido como constituyente”, destacó la fuente.

Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que desde que el presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de mayo que convocaría la constituyente, en los organismos públicos ha crecido la contratación de jóvenes.

“Con la promesa de pasar a la nómina fija a estos trabajadores, se busca garantizar a los candidatos el 3% de las firmas del padrón electoral de los trabajadores en vista de las dificultades que han tenido para la recolección de las rúbricas. Los funcionarios de carrera están molestos por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios pulverizados con la inflación”, expresó.

El sindicalista señaló que “la recolección de firmas es un formalismo porque los candidatos de la constituyente obrera fueron designados a dedo por Maduro entre los directivos de la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y los sindicatos leales al régimen”.

En la lupa de la OIT. Carbone destacó que la 106 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo reunida en Ginebra, Suiza, tratará por segundo año consecutivo el incumplimiento del gobierno venezolano del convenio 122 de la OIT sobre políticas de empleo.

Indicó que Venezuela integra la lista de 25 países con graves violaciones de los convenios que examina la Comisión de Normas de la OIT, la cual el año pasado instó sin éxito al gobierno a enviar, antes de septiembre de 2016, un informe con los correctivos a los incumplimientos del convenio 122 ante la destrucción de 800.000 empleos en 2 años por la contracción del aparato productivo nacional.

Carbone recordó que el gobierno también debía aceptar la visita al país de una misión tripartita de alto nivel de la OIT, lo cual tampoco se concretó.


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