Venezuela tenía previsto formalizar este jueves su retiro de la Organización de Estados Americanos. Los politólogos Carlos Raúl Hernández y Sadio Garavini analizaron las consecuencias de la decisión anunciada por el gobierno venezolano.
Caracas.- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, anunció que hoy (jueves 27 de abril) se hará entrega oficial de la Carta de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), un proceso que tarda 24 meses en efectuarse, según lo establece el artículo 143 de la Carta de la OEA, donde también se precisa que “el Estado denunciante quedará desligado de la organización una vez que haya cumplido con las obligaciones emanadas en la Carta”.
Luego de que la OEA efectuó una sesión ordinaria en la que aprobó con 19 votos un Consejo Permanente para tratar la situación de Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez anunció la retirada e informó que no van a participar más en las sesiones de ese organismo que a su juicio busca posicionar el “intervencionismo” para perturbar y aislar el país. La pregunta ahora es ¿Cuáles son las implicaciones que este hecho tiene para el país?.
El doctor en Ciencias Políticas Sadio Garavini analizó en exclusiva para El Universal las implicaciones que se desarrollarían una vez que Venezuela deje de formar parte de la Organización de Estados Americanos. “Hay que aclarar que no es una salida porque tienen que pasar dos años y además debe pagar una deuda de 8.7 millones de dólares por cuotas atrasadas”.
El aislamiento internacional sería una de las consecuencias que acarrea ese procedimiento, manifestó. A su juicio la decisión de Venezuela tendrá mucho que ver con una estrategia de presión “hacia los países indecisos para que sean más condescendientes en las próximas sesiones”.
Resaltó que la imagen del Gobierno se va a ver “cada vez más afectada” luego de esta decisión. Destacó que la salida de Venezuela de la OEA no recibió el respaldo esperado por países que la habían apoyado anteriormente. “El Salvador y República Dominicana por primera vez se abstuvieron a no votar cuando antes siempre estaban a favor de Venezuela. Por otra parte Santa Lucía, que es un gran aliado y recibe petróleo, votó en contra”.
En ese sentido, el politólogo Carlos Raúl Hernández coincidió con que la salida de Venezuela es un incidente “negativo” en todo sentido pero mucho más en el político porque la convierte en una nación “fallida, irregular, desordenada y autoritaria”, que para él “contribuye con esa imagen, muy mala, que el Gobierno ha creado del país”.
También se refirió a lo negativo que es para la oposición, porque lo fundamental sería manejar el apoyo y la presencia de los diferentes organismos internacionales. “Todo lo que implica distanciar a Venezuela de un organismo internacional es malo”, recalcó.
Los politólogos, además, coincidieron en la posibilidad de que la OEA propicie la constitución de un grupo de amigos conformado por cinco o seis países no precisamente del hemisferio, para que puedan llegar a una negociación que aporte una solución al “conflicto” que presenta el país.
Posibles sanciones para Venezuela
Hernández analizó que por ser países soberanos no se les pueden dar órdenes, solo sugerencias, sin embargo explicó que las posibles sanciones ya se han venido desencadenando. Luego de votar y obtener los 19 votos para discutir el tema de Venezuela “se puede intervenir” con el ya mencionado grupo de amigos para consensuar las decisiones que debería tomar Venezuela para que cesen las diferencias y los conflictos en el país.
Garavini destacó que las sanciones serán más individuales de cada país contra el Estado y recordó que el país mantiene relaciones comerciales con Brasil y Argentina, así como con Estado Unidos.
Relaciones con los organismos internacionales
Según la opinión de los politólogos, la relación con los otros países dentro de organizaciones como la Comunicación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Mercado Común del Sur (Mercosur) y Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) pudieran encaminarse hacia un aislamiento.
En la CELAC, un organismo similar a la OEA, salvo por la presencia de Cuba y la ausencia de Estados Unidos y Canadá, cualquier votación que se haga terminaría con 17 votos en contra, 11 a favor y 4 abstenciones. “Siempre Venezuela va a ser minoría”, dijo Garavini.
Con respecto a la Unasur no se desarrollarían acuerdos en contra de Venezuela por ser por consenso en vez de votos, expresó. Al mismo tiempo dijo que en el Mercosur, Venezuela hace algún tiempo que no es encargado de vender pero sí es comprador y que las relaciones allí se verían afectadas de algún modo, ya que las compras “no serían tan fáciles como antes”.
Relaciones económicas
Garavini sostuvo que se privarían de recibir créditos desde el Banco Interamericano de Desarrollo y se complicaría la relación con los banqueros internacionales.
Entretanto, el diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Parlatino en Venezuela, Ángel Medina, aseguró que la salida de Venezuela de la organización es una mala imagen para los sectores financieros del mundo. “No hay posibilidad de confianza ni de entender a Venezuela como un país estable y eso tiene un impacto directo con las finanzas internacionales”.
¿Qué pasaría en los dos años del proceso de la salida de Venezuela de la OEA?
El parlamentario detalló que la Carta Interamericana Democrática seguirá su curso porque Venezuela aún tiene la obligación de asistir y tomar en consideración las decisiones que tome el bloque regional.
Coincidió con la opinión de Garavini sobre que Venezuela debe cumplir con las decisiones que establezca la organización. Además, dijo, Venezuela sigue presente hasta el 27 de abril del año 2019, por lo que aclaró que esto es un procedimiento, más no una salida inmediata y acotó que probablemente dentro de dos años no estén ni el mismo Presidente de la República ni la actual Canciller.
¿La salida de Venezuela de la OEA es constitucional?
En la Constitución, específicamente al artículo 19 establece que “el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.
Por ello la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, cuestionó la denuncia porque “nosotros no podemos denunciar, porque se trata de Derechos Humanos progresivos y según establece la Constitución no se pueden denunciar tratados que contemplen los Derechos Humanos”.
Seguidamente están los artículos 23 y 31. El primero detalla que: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
El segundo reza que: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.
“El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.
Es decir que Venezuela como Estado está en el deber de cumplir y acatar lo establecido en los tratados que se han suscrito en relación a los Derechos Humanos. Aún en el proceso de salida de acuerdo a la Constitución se deberán acatar las normas hasta que se efectúe su salida administrativa.
Como también es legalmente constitucional que los ciudadanos emitan denuncias y quejas ante los organismos internacionales cuando se vean vulnerados los Derechos Humanos, en ese sentido es válido que los diputados a la Asamblea Nacional hayan mantenido conversaciones con el Secretario General, Luis Almagro, para solicitar atención ante lo que ellos consideran irregularidades por parte del Gobierno venezolano, actuación que ha sido criticada en reiteradas oportunidades por la Canciller de la República y el Mandatario nacional calificando la acción como un propósito para el “intervencionismo” del país.
Por otra parte también está el artículo 154 de la Carta Magna que indica: “Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional”.
En ese sentido Garavini expresó que es un artículo interpretativo, pues el texto establece que el parlamento aprueba los tratados, más no las denuncias, eso le corresponde al Ejecutivo, explicó. Sin embargo como los tratados se refieren al mejoramiento de los Derechos Humanos pasa a ser Supra Constitucional. “En ese caso no podría hacerlo el Ejecutivo, porque la interpretación le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia desde la Sala Constitucional y allí deciden si es constitucional o no”.
El politólogo alegó que la interpretación tendría el mismo concepto que la que haría el Ejecutivo porque a su juicio “no es un TSJ equilibrado”.
Venezuela, uno de los miembros fundadores de la OEA, se convierte en el primer país que decide iniciar el proceso de salida desde que se instaló la Organización de Estados Americanos en 1948. Ya anteriormente, Venezuela se ha retirado de otros organismos internacionales.
El 10 de septiembre de 2012 el expresidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y se hizo efectiva el 10 de septiembre del 2013. aun así representantes de Venezuela continuaron participando en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes, en el 2006, Venezuela dejó de ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego que Chávez expresó su malestar por los tratados de libre comercio firmados por Colombia y Perú con Estados Unidos que en ese momento también negociaba con Ecuador.
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