La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, aseguró que ha recibido al menos 1.032 denuncias de personas que sufrieron atropellos durantes los operativos policiales.


Caracas.- La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, aseguró este miércoles que ha recibido al menos 1.032 denuncias de personas que sufrieron "abusos" durante las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).

Este total de casos fue registrado durante todo el año 2016 por la comisión de Política Interior del Parlamento, instancia presidida por Solórzano, que aseguró que desde entonces ha habido "muchísimas más" denuncias, sin especificar un número.

La diputada explicó que el balance incluye “decenas de heridos”, personas a las que les han allanado su vivienda sin orden judicial, otras que han sufrido "robos" durante estos operativos y una “lista de asesinados”, de los que, apuntó, ninguno poseía “antecedentes penales ni orden de aprehensión”.

Le declaró a EFE que al menos tres menores de edad fueron “asesinados” por funcionarios policiales, entre ellos una niña de cinco años en Caracas, y estimó que la cifra de “ajusticiamientos extrajudiciales” durante el 2016 fue "cercana" a 300 víctimas.

Solórzano señaló que los casos de supuestas “violaciones” de derechos humanos han ocurrido en todo el país, aunque subrayó que las OLHP son más frecuentes en las barriadas.

Por su parte, la diputada y expolicía Yajaira Forero recordó que Venezuela registra "muchos delitos" a diario, pero consideró que "los funcionarios policiales están actuando de una manera ilegal e inconstitucional violándole los derechos a las personas".

Denunció que algunos miembros de cuerpos policiales y militares "simulan enfrentamientos" y "asesinan a personas inocentes" durante estas redadas, y luego "arreglan" la escena para librarse de acusaciones.

Forero consideró que las OLHP, una segunda versión de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que fue reformada en enero por el Gobierno tras denuncias de violaciones de derechos humanos, "ahora son peores, porque (los funcionarios) están actuando encapuchados", según reseñó EFE.

En este sentido, aseveró que es “inconstitucional”  la actuación de policías y militares sin identificación en labores de seguridad ciudadana y recordó que la única excepción contemplada en la legislación local es para trabajos de inteligencia previos a detenciones o irrupciones violentas.

Los despliegues policiales en cuestión ha sido criticados por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, especialmente después de que 14 militares fueran detenidos en diciembre por su presunta vinculación con una masacre en el centro del país, en la que murieron al menos doce personas, a las que el Gobierno reconoció como "inocentes".


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