El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 66 casos de persecución contra periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, ocurridos entre 2014 y 2015, que comprueban la sistematización de patrones que buscan “silenciar las opiniones disidentes”, según concluye el informe.
El estudio de casos arrojó que el patrón de persecución que más se repite en contra de los dirigentes políticos es el inicio de procedimientos legales que se caracterizan por la violación del derecho al debido proceso y a la libertad personal.
En 2015, destacaron los casos de Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, detenido el 1 de septiembre de 2016 por participar en la manifestación llamada “Toma de Caracas” convocada por la oposición. El alcalde fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin dentro de la sede de la alcaldía, por presunta comisión de dos delitos ambientales -disposición indebida de residuos y desechos sólidos peligrosos y la contravención de planes de ordenación del territorio-, pero además se le imputaron otros dos delitos: “detención de arma de guerra y asociación para delinquir“.
Guárate actualmente espera por una orden de traslado para recibir el tratamiento de quimioterapia que necesita para tratar el linfoma no hodgkin que le fue diagnosticado.
Y también de ese año resalta el caso del alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, detenido el 19 de febrero de 2015 por su presunta participación como coautor intelectual en un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Maduro.
El mecanismo que más se utiliza en contra de los periodistas es la aquiescencia (consentimiento explícito o tácito) de actos violentos promovidos por el Gobierno. Mientras que los defensores de derechos humanos suelen ser víctimas de persecución a través de los medios de comunicación.
La directora de Cepaz, Beatriz Borges, afirmó que determinaron un incremento en el número de casos de persecución en 2015 y, en algunos casos, la ocurrencia de situaciones de mayor gravedad a la documentada en el primer informe de 2014.
El politólogo y abogado Luis Salamanca, invitado por Cepaz para la presentación del informe, recordó que, aunque en los regímenes democráticos también existe violación de los derechos humanos, en los regímenes antidemocráticos las violaciones suelen ser sistemáticas y pueden llegar a ser masivas.
Alertó que el Gobierno de Nicolás Maduro puede tornarse más represivo en la medida en que se sienta amenazado y pierda más apoyo popular. Recordó asimismo la vulneración del derecho al voto con el aplazamiento de las elecciones regionales y municipales.
El abogado Ramón Guillermo Aveledo, también invitado especial, subrayó que “ninguna constitución del mundo contiene un apartado tan extenso y prolijo sobre los derechos humanos como la Constitución venezolana”, pero “existe una contradicción entre la constitucionalidad y la noción de poder que tienen quienes gobiernan”, lo que explica los patrones de persecución política documentados por Cepaz.
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