El vicepresidente de la República le envió una misiva al secretario del Tesoro del gobierno estadounidense para indicarle que "grupos de intereses" buscan evitar que Venezuela y Estados Unidos construyan sus relaciones diplomáticas en base al "reconocimiento y el respeto mutuo".


Caracas.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, envió una carta pública al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en respuesta a las “acciones” que dicha institución emprendió en su contra mediante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Según información publicada en la página web de Globovisión, la misiva fue enviada por El Aissami al secretario del Tesoro de EEUU, Steven-Mnuchin, para indicarle que “ha sido engañado por sectores políticos, cabilderos y grupos de intereses” en EEUU que buscan “evitar que Estados Unidos y Venezuela reconstruyan sus relaciones políticas y diplomáticas sobre la base del reconocimiento y el respeto mutuo”.

El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense aplicó sanciones sobre activos en el extranjero de personas vinculadas a negocios con estupefacientes en la que estaba incluido el vicepresidente de la República.

Tras conocer la noticia, el Gobierno Nacional se pronunció para rechazar la medida y alegó que el gobierno del país norteamericano estaba actuando junto a la Administración para el Control de Drogas (DEA) para realizar “falsas” acusaciones contra El Aissami.


A continuación el texto íntegro:

CARTA PÚBLICA AL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

Sr. Steven-Mnuchin

Su Despacho.-

Como ciudadano venezolano, y como Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a usted para responder a la emisión de acciones contra mi persona, de fecha 13 de febrero pasado, adoptadas a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

En primer lugar, como autoridad del OFAC, usted ha sido engañado por sectores políticos, cabilderos y grupos de intereses en EE.UU., cuyo interés fundamental es evitar que Estados Unidos y Venezuela reconstruyan sus relaciones políticas y diplomáticas sobre la base del reconocimiento y el respeto mutuo.

Estos grupos de interés no sólo carecen de pruebas para validar las gravísimas acusaciones que me han sido imputadas, sino que -por el contrario- han construido un caso de falso positivo para criminalizar -a través de mi persona- al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, nación que libra una lucha frontal y transparente contra el negocio transnacional del narcotráfico.

Debe usted saber que cuando dirigí los servicios de seguridad ciudadana en mi país, entre los años 2008 y 2012, obtuvimos los más grandes avances de nuestra historia y del continente en materia de lucha contra los carteles de la droga, el negocio transnacional del tráfico ilícito de estupefacientes y sus estructuras logísticas. Entre esos años, las autoridades antidrogas de Venezuela bajo mi dirección, capturaron, encarcelaron y llevaron ante la justicia, tanto en Venezuela como en los países que los solicitaban, a 102 jefes de organizaciones criminales del narcotráfico. Del total de grandes capos capturados, 21 fueron deportados de forma expedita a los Estados Unidos y 36 a Colombia, de acuerdo a las solicitudes realizadas por las autoridades de cada país y en cumplimiento a los acuerdos internacionales de lucha contra el crimen organizado, hechos reconocidos oficialmente por los gobiernos de EE.UU y Colombia.

Entre los años 2005 y 2013, el promedio de incautación de droga por parte de las autoridades venezolanas ascendió a 56,61 toneladas anuales, cifra muy superior al promedio de 34,94 toneladas al año, en los seis años inmediatamente anteriores, cuando la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA) operaba en Venezuela. Este dato por sí solo deja en evidencia la falta de compromiso de la DEA en el combate al narcotráfico, y sustenta la muy documentada afirmación de las conexiones de este organismo con las organizaciones criminales del narcotráfico.

Asimismo, Venezuela siempre ha sido reconocida por las Naciones Unidas como territorio libre de cultivos de drogas.

Los extraordinarios avances de la República Bolivariana de Venezuela en materia de lucha contra el tráfico de drogas, que dirigí como responsable de la seguridad ciudadana, fueron reconocidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y constan en los archivos de los organismos jurisdiccionales de Estados Unidos y Colombia, países que también reconocieron el esfuerzo contra el crimen organizado que encabecé, y que no tiene precedentes en nuestro hemisferio.

La firme decisión de enfrentar a las mafias internacionales del narcotráfico condujo al Presidente Nicolás Maduro en el año 2012 a firmar una ley que permite la interdicción de aeronaves del narcotráfico que violen el espacio aéreo venezolano. Gracias a este moderno instrumento jurídico, Venezuela ha destruido, inutilizado o derribado más de cien aeronaves que forman parte de la infraestructura de transporte de droga desde Colombia y países vecinos y que transitan ilegalmente por nuestro territorio.

Venezuela libra una lucha abierta y sin cuartel contra el narcotráfico porque se trata de un delito de lesa humanidad, transfronterizo y porque combatirlo es una responsabilidad que compartimos como miembros de la comunidad internacional.

Venezuela enfrenta también a los carteles de la droga porque nuestro país y nuestro pueblo es víctima del narcotráfico, y en específico, de la poderosa industria del narcotráfico colombiano, principal proveedor de la droga que inunda las calles de Estados Unidos y Europa.

Es mucho lo que usted debería investigar antes de avalar una acusación falsa y temeraria, elaborada por burócratas y grupos de interés anti venezolanos, que sienta un peligroso precedente en la relación entre naciones soberanas.

La decisión de 120 países de rechazar estas medidas ilegales contra Venezuela es una muestra contundente del grave error que constituye la acción unilateral y contra el derecho internacional cometido por la administración norteamericana.

Pero al margen de las consideraciones políticas y geopolíticas, la decisión de la OFAC constituye una grave violación a mis derechos humanos, y lesiona gravemente mi dignidad y mi honor. He hecho mi vida personal, profesional y política en mi país, al que amo profundamente y al que dedico mi vida a través de un proyecto político que tiene como objetivos supremos la felicidad de nuestro pueblo, la igualdad y la justicia social. No poseo bienes ni cuentas en los Estados Unidos ni en ningún país del mundo, y resulta tan absurdo como patético que un organismo administrativo estadounidense -sin presentar pruebas- me dicte una medida de aseguramiento sobre bienes y activos que no poseo.

Las pretendidas sanciones, aprobadas por la OFAC, el mismo día de su confirmación al frente del Departamento del Tesoro, son ilegales y violatorias del Derecho Internacional Público. Actuar de oficio y sin prueba alguna, convirtiéndose en policía extraterritorial sin tener facultades para ello, es un formato que viola todo el sistema internacional en materia de derechos humanos, cuya doctrina prevalece en el mundo.

Paradójicamente, mientras una oficina administrativa se toma la licencia de acusar sin pruebas a personas en cualquier parte del mundo –tal como lo reconocen organismos internacionales e investigaciones académicas– la “guerra contra las drogas” ha fracasado en todo el planeta y en el propio territorio de los Estados Unidos. Hoy ingresa más droga que nunca a territorio estadounidense, y una corrupta y poderosa estructura financiera legitima y recicla los dineros sucios generados por este negocio transnacional, que se roba la vida y el futuro de miles de jóvenes norteamericanos.

Estados Unidos le debe al mundo y a su propio pueblo una reflexión sobre su clamoroso fracaso en la lucha contra el narcotráfico. Allí donde la llamada “guerra contra el narcotráfico” como estrategia unilateral ha sido aplicada, los carteles de la droga son hoy más fuertes que nunca, la producción de drogas ilícitas se ha multiplicado y el negocio se cobra más pérdidas económicas y más vidas.

¿Cuántos jefes de organizaciones criminales del narcotráfico ha capturado EE.UU en su territorio? ¿Cuántos bancos y paraísos fiscales ha clausurado EE.UU por servir de soporte financiero a este gigantesco negocio y crimen contra la humanidad? Mientras se abroga la facultad extraterritorial de certificar, acusar y penalizar a personas y países, Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los tratados internacionales en esta sensible materia.


http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aissami-envio-carta-publica-departamento-del-tesoro-eeuu_640887