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Funcionarios del Servicio de Contrainteligencia Militar y de la Fiscalía General allanaron este martes, la sede de la constructora Odebrecht ubicada en la torre Humbolt en Prados del Este en Caracas.
La Fiscalía General de la República confirmó el procedimiento ejecutado por los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, y fue acordado por el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Hubo informaciones que señalaron que durante el allanamiento fue detenido Euzenando Prazeres de Acevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela. Sin embargo, el Ministerio Público en nota de prensa informó que por este caso se solicitó una orden de aprehensión “contra una persona por estar presuntamente vinculada con las irregularidades detectadas, y además se requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y posteriormente extraditada”.
El allanamiento se ejecutó en las oficinas de la constructora brasileña ubicadas en los pisos 11 y 12 en la torre Humbolt en la urbanización Prados del Este en Caracas.
El Estímulo intentó obtener información vía telefónica con representantes de Odebrecht Venezuela, pero indicaron que “no podían dar información al respecto”.
En el procedimiento estuvieron presentes funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La empresa Odebrecht en Brasil admitió haber pagado sobornos en distintos países, entre ellos Venezuela, para obtener contratos de obras públicas. En el país las coimas alcanza la cifra de 98 millones de dólares.
Hace unas semanas, la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que habían iniciado una investigación sobre el caso, para determinar responsabilidades y que intentarían una entrevista con Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, detenido y enjuiciado por corrupción en Brasil.
El Ministerio Público envió rogatorias a Brasil, Suiza y Estados Unidos.
“La investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de determinar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”, indicó.
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