Analistas aseguran que mantener “precios” congelados es “obsoleto” e ineficiente. Insisten que se necesita un organismo serio que vele por el cumplimiento de las regulaciones.

Seis años suma el Gobierno nacional en la titánica tarea de instaurar en el país un sistema “eficiente” para fijar y estabilizar los precios de los productos en el país. En los próximos días, el presidente Maduro dará a conocer un nuevo “mecanismo” y por enésima vez cambios en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) con el objetivo de reducir los altos índices de inflación y que se proyectan para 2017,  según analistas, por encima del 850%.

Hoy, de los 500.000 artículos y productos (nacionales e importados) que aproximadamente existen en la economía nacional —cifras que ha dado a conocer las autoridades del BCV—, apenas un 1,5% (cerca de 7.500, según firmas especializadas)  tienen  fijado su “precio justo”.

Pero a la fecha, los sistemas impuestos, de boca de los expertos, han sido “ineficientes” por los continuos cambios en los organismos, de sus encargados e, inclusos, sus funciones. Solo en una década la máxima figura para proteger a los usuarios y el valor de los artículos ha sufrido una especie de “metamorfosis” que sigue sin parar: del Omdecu en 2000 (Oficina Municipal de Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario) nació el Indecu (2004), que posteriormente dio paso al Indepabis, luego a la Sundecop (2014) y, por último, a lo que hoy se conoce como la Sundde.

Con los nuevos organismos también llegó el PVP en 2011 —con apenas una inflación del 27,6%—, tras el anuncio de la entonces ministra de Comercio, Edmée Betancourt, que posteriormente derivó en los Pmvp, Precio Máximo de Venta del Productor/Importador (Pmvpi), Precio Máximo de Venta del Distribuidor/Mayorista (Pmvdm) y, actualmente, en el Precio de Venta Justo (PVJ). Hace seis años, las propias autoridades del Banco Central salieron al paso y afirmaron que dicha medida era prácticamente “inviable”.

En Venezuela, la primera ocasión cuando se estableció el control de precios y marcaje del PVP fue durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez (AD), entre 1974 y 1978, con el fin de prevenir un brote inflacionario por el aumento de los precios del petróleo, el alza del gasto público y otras medidas impopulares.

Recientemente, el vicepresidente para el Área Económica, Ramón Lobo, informó que en los próximos días el Presidente dará a conocer otro método para estabilizar el valor de los artículos. Explicó que dichas acciones permitirán optimizar “los mecanismos de vigilancia, control y supervisión” dentro del combate a la inflación inducida.

El economista Ramón Castillo aseguró, a este diario, que “el Gobierno tiene una gran deuda con los venezolanos en materia de estabilización y fijación de los precios. En Venezuela, los artículos suben casi a diario y sin ningún tipo de control. Se cuenta con una Ley de Precios Justos que es un saludo a la bandera (...) también existe un margen de ganancia que no debería superar el 30% y eso nadie lo cumple”.

“Más que instaurar otro mecanismo y cambios en la Sundde, lo que debe trabajar a fondo es en hacer cumplir las leyes existente. Incrementar las fiscalizaciones a los comercios, sancionar a los infractores y no mantener una camisa de fuerza en el valor de los artículos, que sea la oferta y la demanda lo que determine cuánto deberían costar”, opinó el experto.

A su vez, el economista egresado de LUZ, José Javier Romero, destacó que por estar “en puertas” de un nuevo esquema cambiario, es “necesario sumar un sistema alternativo que influya  en la normalización de los precios de los alimentos y productos que se comercializan en el mercado y más ahora que se ve una invasión de insumos colombianos. Si se devalúa la moneda los precios de los productos se van a disparar porque se generará una distorsión, la especulación y eso llevará la inflación a niveles impensables”.

Insistió que en Venezuela lo que “hace falta es un verdadero plan nacional y un instituto que vele seriamente por el cumplimiento de las regulaciones de precios aplicadas a ciertos productos alimenticios, tales como: carne, pollo, azúcar, huevos, etc. y aplicar de verdad las sanciones a quienes incurran en la especulación o acaparamiento”.

En materia de precios, Romero criticó que “la Sundde no los publique con regularidad y de manera oficial, sino que uno se entera del valor del rubro cuando va al supermercado y ve reflejado el nuevo PVP. Eso lo que hace es generar más malestar entre la población y descontento porque sus bolsillos se ven golpeados. El marcaje de precios fijos es tecnológicamente obsoleto. Todas las distorsiones se corrigen con precios libres, más empresas, derechos de propiedad y libre competencia”.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), informó que la canasta básica familiar (CBF) de diciembre tuvo un costo de Bs. 743.596, lo que se traduce en un aumento del 19,1% con respecto a noviembre que se ubicó en Bs. 119.052. El organismo comunicó que se necesitan alrededor de 18 sueldos mínimos para poder cubrir su costo.

El año pasado, la Sundde en su página oficial publicó, hasta diciembre pasado, las providencia con los nuevos precios de más de 100 artículos alimenticios (harina precocida, azúcar, aceite, leche, polvo) y de higiene personal en sus distintas presentaciones. En lo que va de 2017 no se han oficializado otros marcajes.

Pero los compradores denuncian que ya es común observar como algunos “regulados” están reapareciendo en el mercado con valores que no han sido difundidos y publicados oficialmente por la Superintendencia de Costos. El azúcar y el arroz fueron los últimos rubros en aparecer en los anaqueles, a un precio cuatro veces mayor al que estaba controlado.

Martín Rosales, economista y analista independiente en el tema de abastecimiento de alimentos, explicó que “el futuro sistema de regulación que estudia el Gobierno no puede convertirse en una fijación de precios sin modificaciones o que se extienda por largos períodos de tiempo, como se viene haciendo con el Pmvp”.

Argumentó que lo más sano para la economía nacional es “un mecanismo que constantemente sea evaluado y permite un reajuste en el valor de los productos porque esto serviría como una bomba de oxígeno para los mercados y los productores. Sin duda que esto también ayudaría a mejorar los niveles de abastecimiento en los anaqueles porque los productores tendrían un incentivo con su mercancía. Históricamente, mantener precios congelados nunca ha servido en Venezuela, tenemos el caso del PVP en la década de los 90 y se tuvo que descontinuar”.

Desde el Gobierno,    el propio ministro Lobo insiste en que la nación requiere un plan estratégico para combatir la “inflación inducida”. Subrayó que a través de diferentes métodos se ha comprobado que la “especulación”, en los precios de insumos y productos básicos, tiene una incidencia de 70% en el aumento de los índices del Inpc del país.

No obstante, Lobo planteó como “necesaria la participación del pueblo para apuntalar el trabajo que llevamos a cabo en las instituciones para combatir la inflación”, y se refirió a la importancia de prácticas como el arbitraje de precios, la fiscalización y la denuncia por parte de los usuarios


http://www.panorama.com.ve/ciudad/Seis-anos-en-la-encrucijada-de-la-fijacion-del-PVP-20170213-0011.html