El fiscal anticorrupción Hamilton Castro )jefe del equipo especial que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato) ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.

La solicitud será analizada en el plazo de dos días por el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional e irá acompañada de una orden de captura internacional y una alerta a la Interpol, ya que hasta el domingo Toledo se encontraba de viaje en París, junto a su esposa Eliane Karp.

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Desde la capital francesa ofreció una entrevista, donde negó haber recibido los sobornos denunciados. También retó a que Jorge Barata -exrepresentante de Odebrecht en Perú y ahora colaborador de la Fiscalía peruana- demostrara sus afirmaciones.

"Que el señor Barata diga cuándo, cómo, dónde y en qué banco me han dado 20 millones de dólares", enfatizó en la entrevista.
La situación judicial de Alejandro Toledo comenzó a complicarse el viernes, cuando su vivienda del barrio residencial de Camacho fue registrada, a solicitud de la Fiscalía. Esta casa y varias oficinas habrían sido adquiridas con parte del dinero recibido de Odebrecht.

Durante el registro, que duró más de seis horas, fueron incautados distintos objetos: una caja fuerte, numerosos videocasetes, dos teléfonos móviles (uno de ellos satelital), gran cantidad de documentos y hasta una corona inca de oro. También fueron requisados 33.000 dólares en efectivo.

"No puedo permitir que ingresen a mi domicilio como delincuentes a las tres de la mañana sin notificación, sin la presencia de mis abogados. Se han llevado cosas muy valiosas para mi esposa, que es antropóloga", denunció Toledo.
El lunes por la tarde, la Fiscalía formalizó la investigación contra Toledo por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. También serán investigados el empresario Joseff Maiman quien habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos- y Jorge Barata. El primero como autor y el segundo como cómplice.

Ese mismo día se supo que el Poder Judicial había ordenado la incautación de una cuenta de Maiman en Costa Rica, con 6,5 millones de dólares en fondos. Lo hizo luego de que un fiscal costarricense advirtiera a Perú que los abogados del empresario querían retirar el dinero. La cuenta estaba a nombre de la offshore Ecostate y los depósitos podrían ser pronto repatriados.

En su defensa, Toledo aseguró que las denuncias en su contra eran parte de una persecución política emprendida por sus "enemigos tradicionales". Se refería al fujimorismo, a quien se enfrentó en las elecciones de 2000.


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