Conflicto Abogados penalistas muestran su preocupación por los hechos procesales ocurridos a lo largo de los últimos meses en el país, lo que —a su parecer— pone en evidencia la fractura del Estado de derecho. Casos como los del comisario Coromoto Rodríguez o del médico del Hospital los Magallanes de Catia demostraron el cruce de actuaciones entre los representantes del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia. Hay quienes aseguran que la fiscal Luisa Ortega Díaz se ha distanciado de algunas actuaciones judiciales, velando por el cumplimiento de lo establecido en las leyes.

Sabrina Machado

Acompañado de un silencio, notado por propios y extraños, por parte de la Fiscal General de la República, han llegado diversas decisiones tribunalicias que han generado alarma entre expertos en la materia, al considerar que las últimas actuaciones de los juzgados de primera instancia han sobrepasado los límites establecidos, claramente, en la legislación nacional, evidenciando una puja entre dos partes importantes del sistema de justicia, como es el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.

Entre los casos más evidentes y que desnudaron una situación que ya se discutía a puertas adentro, está el del escolta del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, comisario Coromoto Rodríguez; el de Alejandro Puglia, periodista del Parlamento nacional; y el del jefe de ginecología y el jefe del sindicato del hospital Magallanes de Catia, Gonzalo Müller y José Luis Spitia, respectivamente.

En estos tres casos, los representantes de la Fiscalía solicitaron libertades para los detenidos, rechazaron levantar cargos por considerar que no se cumplían con los extremos para abrir una investigación. En los dos primeros, los jueces del 4to y 37 de Control, de Caracas, determinaron medidas privativas de libertad, pasando por encima de los deseos expresos del titular de la acción penal, según establece la legislación nacional.

Esta misma división de criterios se volvió a evidenciar en el caso de los saqueos y situaciones irregulares presentadas en nueve estados del país por la polémica salida del billete de 100 bolívares, el pasado mes de diciembre. En esta ocasión los deseos de los fiscales asignados para estas investigaciones fue decretar medidas menos gravosas para los detenidos. Se pidió privativas de libertad solo para el 15% de los casos, según fuentes de la Fiscalía. No obstante, los tribunales obviaron esta decisión y decretaron la privativa para el 94% de los presentados.

“El juez en el sistema acusatorio no es parte del proceso, si no hay acción por parte del fiscal no puede el juez sustituir esa acción”, así de tajante responden desde el Ministerio Público, al aclarar que aún en el sistema inquisitorio la formulación de cargos le correspondía al representante de la Fiscalía. “En Venezuela para delitos de acción pública la titularidad fiscal la tiene es el Ministerio Público. Somos un órgano autónomo e independiente”, explica la fuente, que evita pronunciarse en torno a los motivos que generan actualmente estas discrepancias.

Desde el Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa es enfático en señalar que las últimas acciones están afectando no solo al sistema acusatorio, tal cual como está establecido en la ley, sino al Estado de derecho, “al desvirtuar el sistema procesal penal, retrocediendo al sistema inquisidor”.

Roa coincide con lo planteado desde la Fiscalía, al explicar que en ciertas actuaciones los jueces están incurriendo en lo conocido judicialmente como ultra petita, término empleado para señalar que una resolución judicial concede más de lo pedido por una de las partes, hecho que implica una irregularidad.

“El juez que conoce una causa debe decidir la controversia planteada entre un fiscal y un defensor. Solo puede atender la petición de una de las partes. No puede subrogarse el rol de una de ellas”, asegura el abogado, con lo cual aclara que si el Ministerio Público no solicita una medida privativa de libertad en un caso penal, no puede el juez atribuirse esta decisión.

Omar Estacio, por su parte, considera que la actuación desde el Ministerio Público, en la actualidad, es más “literalista”, mientras que el TSJ “ha venido inscribiéndose en el activismo judicial, interpretando la Constitución de una manera distinta a lo que tiene el sentido de las palabras y a la intención del constituyente”, lo cual ha generado el choque que se evidencia en la actualidad.

“La Fiscalía se ha venido apartando de una cantidad de criterios del Poder Judicial, desde el Tribunal Supremo hasta tribunales de instancia. Es una ruptura de tipo conceptual, están navegando en embarcaciones diferentes. Es el activismo judicial frente a la corriente literalista”, explicó el defensor de Coromoto Rodríguez, quien fue testigo del cruce de acusaciones entre los representantes del Ministerio Público y el tribunal 4to de control de Caracas, que lleva la causa del escolta.

Esta investigación continúa gracias a una querella particular, porque los fiscales nunca acusaron a Rodríguez. No aceptaron la figura del patriota cooperante, la cual no está establecida en la Constitución ni en los libros jurídicos, según Estacio. De hecho la Carta Magna “proscribe el anonimato” y, en este caso, la identidad del testigo ni siquiera es conocida por el juez de la causa.

Otro caso que genera ruido en las instancias judiciales es el de los detenidos con boletas de excarcelación, retenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Según Roa más de 20 personas se encuentran bajo esta situación.

Los expertos aclaran que una vez dada la orden del tribunal los organismos de seguridad deben acatarla. Aseguran que bajo ninguna circunstancia se habían suscitado situaciones como estas en el pasado. Incluso desde la Fiscalía recuerdan lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Nacional, que condena la privación ilegítima de libertad, delito de lesa humanidad.

Bajo esta situación se encuentra Yon Goicoechea y 14 funcionarios de la policía municipal de Chacao, supuestamente implicados en la muerte del periodista Ricardo Durán. Los uniformados esperan que se abran las puertas desde el ocho de agosto.

Roa destaca que asimismo se encuentra Javier Elías Briceño Scott, procesado por el caso del Fondo Chino. Tiene boleta de excarcelación desde el tres de febrero de 2016 y aún sigue detenido. “Lo peor del caso es que no pasa absolutamente nada, no ha habido un representante del Poder Judicial que se pronuncie y exija y ordene el cumplimiento de la orden”.

En el caso de las denuncias formuladas por el alcalde Carlos Ocariz y David Smolansky contra el Sebin, por citarlos a declarar en su sede, la fiscal Luisa Ortega Díaz le recordó a los funcionarios de la policía política quién es el responsable de la investigación penal en el país. Incluso solicitó a la justicia militar información sobre las investigaciones en contra de los burgomaestres del municipio Sucre y de El Hatillo.

En este sentido, Theresly Malavé indicó que en el caso de los empleados del hospital de Caracas, un fiscal de derechos fundamentales debió acompañar a los dos hombres hasta el Sebin para verificar que salieran en libertad, porque a pesar de que el tribunal de control otorgó la medida, en vista de la inaccción de la Fiscalía, los funcionarios policiales trasladaron a los empleados hasta su sede principal.

El último caso emblemático es el del diputado suplente de Voluntad Popular, Gilber Caro. Los abogados defensores hablan de secuestro, de violación al debido proceso. Theresly Malavé asegura que su representado no ha sido presentado ante un tribunal, contraviniendo el artículo 44 de la Constitución, que establece un lapso de 48 horas para ser oído por un juez.

Caro fue detenido el 11 de enero y se encuentra en la Cárcel 26 de Julio, de Guárico. La activista de VP que lo acompañaba, Steyci Escalona, sí fue presentada ante los tribunales militares e imputada por la presunta comisión de los delitos de rebelión y sustracción de material militar.

La presentación de la joven y la detención de Caro generaron alarma en un sector de la población, rechazando que el proceso fuese conducido por la justicia militar. Sin embargo, fuentes aseguran que si un civil incurre en delitos de índole militar le corresponde a esta jurisdicción velar por el procedimiento. No obstante, para Malavé esta decisión está ligada a la división de criterios entre la Fiscalía y los tribunales. “Creo que la fiscal ha dado un paso a un lado, cuidándose. Ya no manejan el Ministerio Público, pero sí el ente militar”, indicó.

Esta semana el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, instó a que se respete el debido proceso a todo detenido, tal cual está establecido en la Constitución nacional, según recogieron medios nacionales. “La posición institucional es que todo ciudadano privado de libertad tiene el derecho a la justicia, al debido proceso, que sea tratado y juzgado por sus jueces naturales, para que no haya ningún tipo de incomunicación y pueda ser visitado tanto por sus abogados como por familiares”.

La discrepancia de criterios jurídicos ha llevado a la fiscal Ortega Díaz a ser cuestionada por voceros del oficialismo, como el diputado Diosdado Cabello, quien critica su proceder ante determinados casos.

A principios de año se conoció que el Defensor del Pueblo asumió la presidencia del Consejo Moral Republicano, gracias a su voto y al del Contralor General, tras negar que la representante de la vindicta pública asumiera el cargo, como le correspondía, de acuerdo a la alternancia pactada entre los tres organismos. Ahora se espera dónde presentará su informe de Memoria y Cuenta la Fiscal General, si ante los magistrados del TSJ o ante los diputados de la AN.

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