Las protestas contra el alza del precio de los combustibles “gasolinazo” no cesan
Benytsa González. La reforma energética promulgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2013, según estimaciones del Congreso, aspiraba a generar un crecimiento adicional de 1% para 2018 y de hasta 3% para 2025, además de unos seis millones de empleos en los próximos 10 años.
Pero, tras la entrada en vigencia el 1 de enero del alza del precio de los combustibles – uno de los aspectos de la reforma- solo se generó malestar social, protestas, cierre de estaciones de servicio, bloqueo de vías, disturbios, saqueos y al menos seis muertos en el marco de la violencia.
El aumento de entre 14% y 20% en el precio de las gasolinas, en un país petrolero, colmó la paciencia de los mexicanos, que ven como se transfiere a la población el costo de malas políticas económicas y energéticas, e incluso de la corrupción de los gobiernos, en medio de la desaceleración económica y el menoscabo de sus ingresos.
Simultáneamente, las tarifas de luz y gas sufrieron un incremento.
Hoy, la iglesia católica mexicana afirmó que la medida es una decisión gubernamental producto de la “corrupción” y supone un “mazazo brutal” que empobrece a la clase media y baja, causando “indignación y furia”, según reseñó EFE. La posibilidad del incremento de los precios de algunos alimentos básicos, como las tortillas, ya se respira en el ambiente, lo que le echa leña al fuego.
Pero ¿Cuáles son los principales objetivos y aspectos de la reforma que amenaza al gobierno de Peña Nieto con un estallido social?
Según el gobierno, la reforma tendría como objetivos: la reducción de las tarifas de los servicios de luz y gas, aumento de inversiones y, en consecuencia, de empleos, y fortalecer a las empresas del Estado y promover el desarrollo del sistema eléctrico nacional.
Estos son algunos aspectos de la reforma, descritos por la revista Forbes de México:
Criterio. La Secretaría de Hacienda establecerá las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de las licitaciones y de los contratos. Por lo tanto, el principal criterio para la asignación de contratos será para quienes ofrezcan mayores pagos contractuales para el Estado, por encima de los criterios técnicos, que variarán de acuerdo con el proyecto.
Monopolio de gasolina. A partir de 2017, particulares podrán ofrecer servicios de gasolineras con una marca propia, y en 2018 se liberará la importación de gasolina, por lo que Pemex perderá el monopolio en este sector.
Ley minera. Las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos tendrán preferencia sobre otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo. Pero las concesiones mineras que se encuentren vigentes y las que se otorguen con posteridad no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, “sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones”.
Industria eléctrica. El Estado mantiene la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares para vender la energía eléctrica que generen.
Aguas nacionales. Los interesados en explotar la energía geotérmica deberán obtener una concesión para el uso y aprovechamiento de las aguas del subsuelo.
Empresas productivas. Pemex y la CFE pasan a ser “empresas productivas del Estado”, pero en la ley también se menciona que son “propiedad exclusiva del gobierno federal”. Esta diferencia semántica, jurídicamente puede tener implicaciones mayores, pues los incentivos de las empresas pueden ser más cercanos a los recaudatorios, en lugar de generar valor.
Dividendo para el gobierno. Se modificó el esquema fiscal de Pemex, reduciendo el número de derechos a pagar de seis a tres. Pero ahora pagará ISR, como cualquier contribuyente, además de un dividendo de sus ingresos después de impuestos, el cual será determinado por el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sindicato mantiene derechos. El cambio del régimen jurídico de Pemex, con sus diversas disposiciones, no afectará los derechos de los trabajadores en activo ni de sus jubilados y pensionados, dice el artículo noveno transitorio de Pemex. Además, Pemex deberá tomar su opinión en políticas de recursos humanos y capacitación. Y aunque no recibirán reparto de utilidades, sí tendrán derecho a incentivos, bonos, gratificaciones, remuneraciones y compensaciones.
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