La Corte Suprema de Estados Unidos analizaba el miércoles si el gobierno puede detener a inmigrantes por tiempo indefinido sin proveer audiencias donde puedan solicitar su excarcelación.
Los jueces escucharon argumentos en una demanda colectiva presentada por inmigrantes que se pasaron largos períodos tras las rejas, incluyendo muchos que son residentes legales de Estados Unidos o que solicitan asilo.
El asunto a decidir por la corte es si personas que el gobierno ha detenido mientras pondera su deportación pueden presentar su causa ante un juez para ser excarceladas.
El caso enfrenta al gobierno contra defensores de los inmigrantes y la audiencia en la Corte Suprema se produce en momentos en el que el presidente electo Donald Trump ha dicho que va a acelerar las deportaciones.
La corte federal de apelaciones en San Francisco falló en favor de los inmigrantes, incluyendo el mexicano Alejandro Rodríguez, que estuvo detenido durante más de tres años sin una audiencia de fianza.
Rodríguez es un residente legal de Estados Unidos que fue traído al país cuando era un bebé. El Departamento de Seguridad Nacional le detuvo cuando inició el procedimiento de deportación porque Rodríguez había sido convicto de posesión de una substancia controlada y conducir un vehículo robado, de acuerdo con la corte de apelaciones. No pasó tiempo en prisión por las otras acusaciones.
En otro caso, un etíope que solicitaba asilo permaneció detenido en parte porque un agente federal erróneamente lo registró como somalí, de acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los inmigrantes.
La corte del noveno circuito falló que los migrantes generalmente deberían recibir audiencias de fianza luego de seis meses detenidos y entonces cada seis meses si siguen detenidos. El gobierno debe mostrar por qué deben seguir encerrados, dijo la corte.
El juez Stephen Breyer, expresando el sentir de otros miembros liberales de la Corte Suprema, dijo estar asombrado por cláusulas en la ley de inmigración que permiten que alguien excarcelado tras una sentencia hipotética de cuatro años sea detenido por el mismo tiempo por las autoridades de inmigración. "¿Cómo puede ser castigado cuatro años más?", preguntó Breyer.
El procurador general en funciones Ian Gershengorn defendió la ley, diciendo que el Congreso claramente le dio al Departamento de Seguridad considerable autoridad para detener a personas mientras determina si las deporta.
Ahilan Arulanantham, el abogado de la ACLU, dijo a los jueces que la decisión final sobre si se detiene o se excarcela a los inmigrantes no es el asunto ante la corte. "Solamente estamos hablando de la necesidad de una pesquisa, la necesidad de una audiencia".


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