Con ello, la cifra total de militares expulsados del Ejército desde entonces aumentó a 3.939. De los destituidos hoy, 158 son oficiales


Turquía prolongó por 90 días el estado de excepción decretado tras el frustrado golpe de Estado del pasado 15 de julio, al tiempo que destituyó a otros 233 miembros del Ejército, informó hoy la agencia de noticias DHA.

Con ello, la cifra total de militares expulsados del Ejército desde entonces aumentó a 3.939. De los destituidos hoy, 158 son oficiales.

Turquía responsabiliza al clérigo autoexiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen del intento de golpe de Estado y exige desde entonces su extradición. Además, las autoridades persiguen desde hace semanas a sus supuestos seguidores, entre ellos miembros de la oposición.

Esa persecución se va facilitada por el estado de excepción, que permite al jefe de Estado gobernar por decreto, que vencía el 18 de octubre pero que tras una votación del Parlamento en la noche del martes seguirá en vigor previsiblemente hasta el 15 de enero.

La mayoría de diputados del partido gobernante AKP, islamista conservador, y del ultranacionalista MHP, en la oposición, votaron a favor de la medida en la noche del martes.Se trataba de un mero acto formal, pues el gabinete de Gobierno ya había decidido la medida a comienzos de octubre.

El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan no dependía sin embargo del MHP, pues ya tiene en el Parlamento una mayoría suficiente para sacar adelante este tipo de medidas.

El mayor partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), también en la oposición, votaron en contra.

Por otra parte, la policía turca volvió a actuar hoy contra ese partido en el sureste del país,deteniendo a 49 políticos en redadas en las provincias de Van y Hakkari, informó hoy Merdan Berk, portavoz de un partido regional afiliado, el DBP.

Al igual que la víspera, cuando fueron detenidos 32 políticos, se trata en su mayoría de presidentes de provincia o distrito a los que se acusa de pertenecer al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Erdogan considera al HDP como el brazo político del PKK, pero el partido niega las acusaciones.

En septiembre, el Gobierno turco puso bajo administración forzosa numerosos distritos administrados por el DBP en el sureste del país y los alcaldes elegidos democráticamente fueron sustituidos por administradores cercanos al Gobierno.

También entonces el Ministerio del Interior señaló que los alcaldes habían sido destituidos por sus presuntas conexiones con PKK, considerado organización terrorista.


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