Hace 15 años, los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), reunidos en Asamblea General, firmaron la Carta Democrática Interamericana (CDI) sin ninguna voz disidente, justo minutos antes de los atentados del 11-S en Estados Unidos.
La aprobación del documento desde su mismo inicio ha estado signado por un tenso ambiente internacional. Eso no se pone en duda al observar la situación actual en la que se conmemora su décimo quinto aniversario: el debate sobre la aplicación del artículo 20 a Venezuela.
Este hecho, particularmente, inspiró al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a dedicar la mayor parte de un escrito, como conmemoración a la “verdadera Constitución de las Américas”, a la “grave” situación y ruptura de la institucionalidad democrática en el país.
A continuación, parte del editorial que escribió para el diario El País, de España:
“El documento fue motivado por la necesidad de dar respuesta a crisis menos tradicionales. Teníamos experiencia en la región con interrupciones al orden democrático causadas por un clásico golpe de Estado y en 1991 se había aprobado la resolución 1080 de la OEA que instaba al Secretario General a actuar inmediatamente junto a los órganos de la Organización para facilitar soluciones.
La CDI nos dice que las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente. Nos recuerda que si existen violaciones a esos derechos, es nuestra obligación señalarlas. Y nos indica que si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.
Como Secretario General estoy obligado a ser fiel a la letra y el espíritu de la CDI. Por tal razón he invocado su articulo 20 para la situación de Venezuela hoy, identificando las serias alteraciones al orden constitucional y proponiendo al conjunto de los Estados miembros de la OEA recorrer las etapas que nos marca la Carta.
La situación en Venezuela es grave. Baste decir aquí que en ese país hermano el Poder Ejecutivo tiene férreo control del Poder Judicial, con el cual bloquea el accionar del Poder Legislativo. En otras palabras, si Fujimori cerró el Congreso en 1992 enviando tanques, el gobierno de Maduro lo esteriliza con sentencias judiciales de un Tribunal Superior de Justicia que controla a discreción. El mismo sistema judicial, en la figura del Consejo Nacional Electoral, demora la verificación de firmas necesarias para la realización del referéndum revocatorio en 2016.
Como resultado, se ha erosionado la ciudadanía democrática. Se han perdido derechos fundamentales, al disenso político y la libertad de expresión, que se pagan con encarcelamientos arbitrarios, y el mismísimo derecho al voto, si continúa postergándose la realización del referéndum. En Venezuela el número de presos políticos continúa creciendo. Son líderes políticos, sindicales y sociales; estudiantes, intelectuales y periodistas; o bien ciudadanos y ciudadanas de a pie determinados a hacer valer las libertades perdidas.
Por estas razones y tras haberse aplicado la CDI para Venezuela, he dejado abierto el proceso de evaluación colectiva. Quedan pendientes los próximos pasos: seguir evaluando el contenido de mi informe de fecha 30 de mayo de 2016 por parte del Consejo Permanente, analizar los acontecimientos posteriores a esa fecha y decidir colectivamente qué camino tomar para ayudar a recomponer la institucionalidad democrática en Venezuela.
Somos demócratas porque no perdemos de vista que la política debe funcionar como un bien público; una vocación de servicio para el bien común. Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, los ciudadanos se frustran con sus líderes. Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política. El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-internacional/almagro-invoque-art-20-a-venezuela-porque-soy-fiel-a-letra-y-espiritu-de-la-carta/
