Los fiscales pidieron dejar en libertad a Alejandro Puglia, señalado de violar la prohibición de volar drones, pero la jueza Maza desatendió la petición.
Caracas.- A los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) envió la jueza 37 de Control de Caracas, Yesenia Maza, al director de Seguimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, detenido el jueves tras la "Toma de Caracas", señalado de violar la prohibición de utilizar drones hasta hoy.
La decisión la adoptó la funcionaria pese a que la representación del Ministerio Público decidió no imputar al funcionario y pidió su liberación, informó la presidenta de Fundeci, Elenis Rodríguez.
"El Ministerio Público solicitó la nulidad de la aprehensión, no precalificó ningún delito y por esta razón solicitó la libertad plena, pero la jueza hizo caso omiso y asumiendo atribuciones que no le corresponden precalificó el delito de favorecimiento bélico", afirmó la abogada Nohelia Álvarez, representante de Puglia.
El de Puglia es el segundo caso en el que un juez ignora la opinión de los fiscales y decide imputar a una persona para mantenerlo tras las rejas. El primer caso fue el del jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, Coromoto Rodríguez, quien aún permanece privado de libertad a la espera de la audiencia donde se decidirá si se le enjuicia, pero gracias a una acusación particular.
La Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) reservan al Ministerio Público la tarea de perseguir los delitos.
A la calle, pero no libres
Respecto a la situación de los 23 jóvenes detenidos luego de la marcha opositora y durante los enfrentamientos con agentes de la Guardia y la Policía Nacional en las inmediaciones de la autopista Francisco Fajardo, Rodríguez informó que 22 fueron excarcelados, pero bajo régimen de presentación, es decir que quedaron sometidos a procesos que podrían terminar con ellos sentados en el banquillo de los acusados.
El Tribunal 41 de Control de Caracas conoció los casos de 18 aprehendidos y a ellos les impuso la obligación de presentarse cada 30 días, mientras que los restantes cuatro los llevó el Tribunal 42 de Control, el cual les impuso la misma medida aunque cada ocho días, agregó la Presidenta de Fundeci.
El restante, Alejandro Gross, quedó privado en la sede de la Policía de Baruta.
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