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Fedeunep calcula que 34.000 trabajadores resultarían perjudicados por los anuncios de dirigentes del PSUV de sacarlos de puestos clave
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El gobierno será denunciado en la Organización Internacional del Trabajo por las amenazas del alcalde Jorge Rodríguez y el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, contra trabajadores que firmaron para revocar al presidente Nicolás Maduro.
La Unidad de Acción Sindical y el Frente Autónomo para la Defensa del Empleo introducirán "un recurso de quejas" en la Comisión de Normas de la OIT por violación del Convenio 111, que prohíbe la discriminación laboral y exigirán a la Asamblea la separación del diputado Cabello (artículo 187 de la Constitución, numeral 20) por violar los valores democráticos y constitucionales.
"La intención de Miraflores es difundir terror, evitar que la gente firme en la jornada del 20%; hacer una purga como pasó en Moscú y tener trabajadores incondicionales que sean manipulados con el bozal de arepa, como denuncia la película La vida de los otros, que relata cómo en Alemania Oriental se manipulaba por hambre y se perseguía", afirmó el presidente de Fades, Froilán Barrios. Le preocupa que Rodríguez haya acortado el período de "limpieza" contra 4.000 trabajadores de una semana, como dijo Cabello, a 48 horas. El PSUV elaboró una lista de "escuálidos" en los ministerios de Alimentación, Industrias Básicas, Finanzas, Trabajo y el Despacho de la Presidencia.
Los reportes de la Unidad de Acción Sindical indican que hay 50 despedidos en el Seniat, 20 en Corpoelec, 10 en empresas básicas por participar en el 1% que reconoció a la MUD como promotora del revocatorio.
La Alianza Sindical Independiente Venezuela aprovechará la presencia en Lara de las confederaciones sindicales internacionales para exponer las violaciones del gobierno a la Ley del Trabajo y tratados internacionales.
"Es inhumano. Lo que pretenden Cabello y Rodríguez es hacer daño, crear terror y angustia. El terrorismo psicológico promovido desde el Estado es inmoral, más si el gobierno se declara socialista. Es traición a la Constitución y un abuso de poder propio de países no democráticos", dijo Carlos Navarro, de AsiVenezuela, que cuenta con 295 sindicatos.
Afectados. Serbando Carbone, de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, advirtió que de 3,4 millones de personas que laboran en la administración pública, 1% o 34.000, que ocupan cargos de dirección o escalafón 99, saldrían perjudicados.
Denunció que el gobierno sustituye el personal de dirección, a partir de 35 años de edad, con jóvenes "totalmente adheridos a la ideología del hombre nuevo, formados en el Frente Francisco de Miranda o el Partido Comunista de Cuba".
En una protesta de trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional en la Vicepresidencia de la República, Alejandro Álvarez, secretario del sindicato, calificó la acción de "acoso y purga laboral".
El gobernador Henrique Capriles señaló: "Un gobierno que viola los derechos humanos no puede presidir Mercosur, instancia que los respeta. Es inmoral. Todo venezolano tiene derecho al voto y a revocar. No puede ser botado por su tendencia política. Que no se queje Maduro cuando lo lleven a una Corte Internacional por los delitos y violaciones a los derechos. Amenazar a los trabajadores es ponerlos contra el paredón".
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