Caracas.-  Para cumplir con la obligación que impone el decreto presidencial de aumento del salario mínimo y del ticket de alimentación, las empresas venezolanas tienen la obligación de buscar alternativas de financiamiento, sin que su tesorería se vea comprometida.

El economista y consultor gerencial Benjamín Tripier estima que “el cálculo de costos del salario mínimo no es un tema inflacionario o político, es solo un asunto netamente gerencial. Este decreto de aumento es un impacto al flujo de caja de las empresas y en algunos casos un estrangulamiento tal que podría significar el cierre de operaciones, en especial las pequeñas o medianas”.

Tripier, discrepa con los analistas que señalan que con trasladar el costo del aumento a los del producto final se costea esta nueva obligación.

 “Esta no es necesariamente la solución. Pensar que con trasladarlo al precio ya se arregla todo es desconocer los ciclos de tesorería y la precariedad de una economía con una recesión del 10 al 12% para este año, con una inflación que ha limitado severamente la capacidad de crédito de los bancos en relación con las necesidades reales de sus clientes”, explicó a través de una nota de prensa.

 “Un banco, en este contexto inflacionario, no puede aumentar la línea de crédito en un porcentaje tan alto a una empresa que deba pagar ajustes en las nóminas. Entonces, si la empresa no puede solicitar una línea de crédito, ¿de dónde saldrá el dinero para hacer frente a la primera y la segunda quincena del nuevo sueldo? ¿Con qué recursos se pagarán los bonos de alimentación? Estos son los dilemas que debe enfrentar un empresario al momento de considerar ajustes de ingresos”, subrayó.

Dijo que la gerencia no se improvisa y alabó la capacidad de trabajo y de respuestas de ejecutivos venezolanos, “los cuales siempre cumplen con sus obligaciones contractuales”.

Explicó que “el ciclo de tesorería hace que una empresa pague con la plata que tiene que es su capital de trabajo y este se relaciona con los costos. Si de repente suben, el gerente tienes que contar con algún colchón para poder pagar lo exigido por el retroactivo del sueldo y el cestaticket desde el primero de agosto. Son aproximadamente tres quincenas las que se deben cubrir antes de que ingresen a la tesorería más recursos”.

Consideró que este tipo de decisiones de ajustes salariales pudieron haberse tomado en consenso con empresarios y trabajadores, “para acordar una agenda que contemple los escenarios macroeconómicos del país, la disponibilidad de recursos del sector privado y las aspiraciones de los trabajadores”, finalizó.


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