También debe pagar una fianza de 40 millones de pesos (unos 890.000 dólares), en espera de que comience el juicio en su contra
Un juez ordenó el martes mantener en prisión domiciliaria y con grillete electrónico a un empresario venezolano del sector seguros por su presunta vinculación con un fraude de millonario a ahorradores dominicanos.
El juez Alejandro Vargas resolvió que Omar Farías Luces, dueño de la compañía venezolana Seguros Constitución, también debe pagar una fianza de 40 millones de pesos (unos 890.000 dólares), en espera de que comience el juicio en su contra.
Farías Luces fue detenido por agentes de la Organización de Policía Criminal Internacional o Interpol la semana pasada cuando se disponía a viajar a Estados Unidos en un avión privado desde el aeropuerto de Punta Cana, en el extremo oriental del país.
La fiscalía aseguró en un comunicado tras su arresto que Farías intentaba salir del país para "evadir la acusación en su contra".
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Farías es acusado de bancarrota fraudulenta y lavado de activos por su supuesta participación en un fraude millonario a través del desaparecido banco dominicano Peravia, algo que su defensa rechaza.
Las autoridades financieras intervinieron el Banco Peravia a finales del 2014, ante denuncias de fraude por parte de los ahorristas. La entidad financiera había sida adquirida en 2011 por los venezolanos José Luis Santoro, un conocido empresario del estado venezolano de Aragua, y Gabriel Jiménez Aray, un ex funcionario del ministerio de Finanzas del país sudamericano.
La Superintendencia de Bancos dominicana estimó que los ejecutivos del Banco Peravia desviaron más de 1.400 millones de pesos (unos 32,5 millones de dólares) de los depósitos de los ahorristas.
La fiscalía sostiene que Farías Luces colaboró con los principales ejecutivos del banco en el desvío de fondos de esa entidad financiera.
La fiscalía presentó en 2015 cargos contra los venezolanos Santoro, Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, quien fungía como vicepresidente ejecutivo del banco, así como contra 14 empleados y accionista minoritarios de la entidad financiera.
Entre los cargos se encuentran fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y lavado de activos.
Las autoridades dominicanas solicitaron a Venezuela la extradición de los tres principales ejecutivos del banco y aún esperan su traslado.
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Por el fraude se encuentran detenidas siete dominicanos, entre ellos varios miembros de la familia que vendió el banco a Santoro y aún conservan una parte minoritario de las acciones.
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En 2011 José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray compraron un banco en República Dominicana. Uno es un conocido empresario de Aragua, el otro fue funcionario en el Ministerio de Finanzas, ambos cercanos a Rafael Isea, hoy testigo protegido de la DEA. Entregaron pagarés a cambio de dólares y así estafaron a cerca de un centenar de venezolanos.
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