Más de 2.000 presos de todo el país fueron enviados al centro alzado.


Caracas.- Con la liberación en horas de la madrugada de este domingo de los 23 trabajadores que mantenían secuestrados, finalizó el alzamiento que desde el primero de agosto, protagonizaron reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico.

La liberación de los rehenes se logró tras el cumplimiento por parte del Gobierno nacional de las exigencias realizadas por el grupo sublevado, entre las que destaca el traslado de más de dos mil presos al centro penitenciario.

El pasado jueves fueron liberados 20 rehenes, tras las negociaciones encabezadas por José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Asuntos para la Paz, adscrito al Despacho de la Presidencia, quien junto a voceros de la Defensoría del Pueblo desde el pasado miércoles encabezó las negociaciones.

Antes de esa oportunidad los internos se negaron a aceptar al ex ministro de Deportes, Antonio, "El Potro" Álvarez  como mediador.

Desde el pasado jueves Rangel mantuvo contacto con los reos alzados e informó sobre los resultados de las negociaciones a través de su cuenta de la red social Twitter, @jvrangelavalos, el último tuit lo colgó este domingo a las 12 de la noche cuando informó: "Liberados todos los trabajadores penitenciarios retenidos en la PGV San Juan de los Morros, seguimos apostando a la Paz y Diálogo".

Tal como se divulgó  al filo de las primeras horas del domingo, los últimos secuestrados salieron hacia el penal 26 de Julio, ubicado al frente del recinto de la  PGV.

Los liberados fueron atendidos por médicos para verificar sus condiciones físicas.


Negociaciones negativas

Especialistas en materia penitenciaria han criticado la actitud del gobierno nacional hacia este motín, ya que cumplieron con todos los requerimientos realizados por los presos y no exigieron nada a cambio, además que nunca se hizo presente la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, para atender un tema que era inherente a su despacho.

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que no tiene sentido sobresaturar una prisión que ya se encontraba hacinada y con problemas.

Prado señaló que para el año 2015, el total de las cárceles venezolanas tenían un hacinamiento del 125%, para junio de 2016 la cifra se ubicaba en 220%.

Dijo que la PGV fue diseñada para una población de 700 reclusos pero en la actualidad tenía una plantel de más de siete mil presos, "si a esos se le suman los más de dos mil trasladados para atender la crisis nos encontramos con que al menos nueve mil personas están hacinadas en esos espacios.

Insistió en que el motín tiene raíces económicas, es evidente que lo que se "busca es aumentar los ingresos de los líderes de la revuelta".

Prado señaló que los presos de la PGV pagaban un promedio de cinco mil bolívares mensuales por concepto de "causa", lo que quiere decir que con el ingreso de los 2 mil nuevos presos, los ingresos de los denominados pranes del recinto, se habrían elevado en 10 millones de bolívares semanales con una protesta que duró seis días.

Igualmente, expresó su preocupación por el riesgo de que la toma de rehenes se convierta en una táctica común entre los presos, ya que al ser una estrategia exitosa que rindió frutos una vez, puede ser copiada por otros para exigir otras cosas.


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