La plenaria alertó que esa resolución restituye el trabajo forzoso "abolido en el mundo civilizado". También aprobó, en el debate sobre la crisis de la salud, citar a la ministra Luisana Melo y exhortó a constituir una comisión especial interinstitucional para evaluar al sistema público de Sanidad.
Caracas.- La bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó sendos acuerdos relativos a la crisis de la salud y al rechazo de la resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo porque restituye las condiciones de "esclavitud" o "trabajo forzoso", prohibido en la Constitución, el Código Penal Venezolano y los tratados internacionales.
La bancada oficialista del Bloque de la Patria inscribió un solo orador en cada tema, bajo el esquema de que no reconocen la labor legislativa de la AN porque es se pone al margen de la Constitución, de acuerdo a lo decidido por el TSJ.
En el punto sobre la crisis del sector Salud, el diputado William Barrientos (UNT-Zulia), fue el proponente del tema que concluyó, entre otros puntos, en exigir al presidente Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria ofrecida en materia de medicamentos y alimentos, así como que el Estado tome las medidas integrales, según lo establecido por la Comisión Interamericana de DDHH y previsto en la Constitución, para garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos.
Barrientos, médico de profesión, pidió ceder la palabra desde la tribuna de oradores a la médico Dora Colmenares, lo que fue concedido por el presidente (e) Enrique Márquez (UNT-Zulia).
Colmenares presentó un informe sobre la situación del sistema público de salud en el estado Zulia. La especialista mencionó la situación del Hospital Universitario de Maracaibo en el que, afirmó, se han reducido a 20 las cirugías por día cuando antes se realizaban 70. Dijo que el 40% de los pabellones están fuera de servicio y denunció el incremento de la morbi-mortalidad por complicaciones postoperatorias, entre otros factores, por la falta de agua en el hospital.
En el debate intervinieron, además de Barrientos, los diputados Winston Flores (VV-Vargas), Ismael león (VP-Distrito Capital), Gilberto Pinto (PSUV-Sucre), Juan Carlos Velasco (AD-Zulia) y José Manuel Olivares (PJ-Vargas).
La mayoría aprobó solicitar la comparecencia de la ministra de Salud, Luisana Melo a la Comisión de Desarrollo Social Integral para que informe la situación de los hospitales públicos y de qué forma aborda el déficit de dotación de infraestructura, medicamentos, insumos y personal, así como que explique, entre otros aspectos, porqué no se publica el Boletín Epidemiológico como es obligación del Estado e informe sobre las cifras de la mortalidad general, materna y neonatal y qué hace para mejorarlas..
Asimismo, se aprobó constituir una comisión interinstitucional que integren, además de la AN y el Ministerio de Salud, los organismos descentralizados, las universidades, academias científicas, sociedad civil, gremios de la salud y un representante de la Iglesia católica para abordar una solución urgente a la situación del sistema nacional de salud pública.
En el acuerdo se reitera lo planteado en debates anteriores sobre el mismo tema, en el sentido de que en el país sólo se dispone del 10% de los 150 fármacos de la lista de medicamentos esenciales, según la lista de la Organización Mundial de la Salud, así como que existe un déficit de 60% en la operatividad de los quirófanos y 90% en la inoperancia de equipos e instrumentos de diagnóstico, además de 85% de déficit en insumos y materiales médicos.
Como lo había señalado la médico invitada, el acuerdo subraya que los venezolanos están muriendo, no sólo por el agravamiento de sus enfermedades crónicas sino por la falta de "insumos, medicamentos y fórmulas".
El presidente de la subcomisión de Salud de la AN, diputado Olivares, increpó a la bancada del oficialismo a que depongan su actitud ideológica ante un problema como el de la salud e ironizó: 'Si no hay para hacer biopsias, no se le puede decir al paciencia: 'Usted tiene cáncer de izquierda o de derecha".
Dijo Olivares que al cabo de seis meses de la nueva AN "el país se pregunta: ¿Qué han hecho los diputados de Nicolás Maduro por la salud de los venezolanos? ¿Le decimos al cáncer y a los niños que su enfermedad es ilegítima? ¡Cuándo van a entender que el centro de la política debe ser la gente! ¡Ya basta!".
“Eso no se puede aplicar ni con bayonetas”
En el tercer punto del orden del día, la plenaria de la AN debatió el contenido de la Resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo, publicada el 26 de julio pasado en la Gaceta Oficial 40.950 que estableció el régimen laboral especial transitorio de carácter obligatorio para los empleados del sector público y privado que faculta al Estado a obligarlos a ejercer labores distintas y en sitios distintos a los que ellos hayan escogido.
El acuerdo aprobado denuncia que la resolución viola el artículo 87 de la Constitución, la Declaración Universal de los DDHH y tratados internacionales relativos a la libertad y derecho al trabajo.
Establece el texto que la decisión del Poder Ejecutivo restablece "el trabajo forzoso abolido en todo el mundo civilizado" y exhortar al Gobierno a derogar ese decreto. Asimismo, la mayoría de la MUD ofreció su respaldo a todos los trabajadores que sean presionados para reforzar contra su voluntad la producción agroalimentaria y los conminaron a "desconocer" dicha resolución.
La plenaria de la AN exhortó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a abrir una investigación y establecer las responsabilidades del caso, así como acordó notificar a la ONU, OEA, Unesco, Parlasur, Mercosur, Vaticano, a todas las iglesias, países y empresas extranjeras interesadas en invertir en Venezuela, así como ONG vinculadas con el área laboral y sindical sobre el contenido y alcances de la medida.
En este punto intervinieron los diputados Rafael Ramírez (PJ-Zulia), Américo de Grazia (LCR-Bolívar), Ezequiel Pérez (AD-Táchira), Francisco Torrealba (PSUV-Portuguesa), Armando Armas (VP-Anzoátegui) y MIguel Pizarro (PJ-MIranda), presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, a la que corresponde el área laboral.
El diputado Ramírez, quien consignó el acuerdo aprobado, denunció que el Gobierno de Maduro lo que busca "es instaurar la recluta laboral", se burló del argumento esgrimido por su colega del PSUV. Torrealba, quien atribuyó a un error material que en la resolución no se hubiera especificado que ese trabajo sería "voluntario". "El único error está en Miraflores y lo vamos a sacar con el referendo revocatorio", alertó.
Dijo el diputado zuliano que el Gobierno ha debido ofrecer incentivos a los trabajadores para reforzar el sector alimentario en lugar de manejar al país "como un cuartel".
De Grazia denunció que con la Resolución 9.855 el país retrocedió a mediados del siglo XIX cuando existía todavía la esclavitud y dijo que ahora se buscaba instaurar la "neoesclavitud". "Esa resolución no se puede aplicar ni con bayoneta", recalcó de Grazia.
Por su parte, Ezequiel Përez instó al Gobierno a devolver a sus dueños más de 5 millones de hectáreas confiscadas y convocar a especialistas a trabajar la tierra, y darle trabajo a los indígenas "que andan deambulando", a los militares retirados con vocación agrícola, a dotar de créditos y asistencia técnica para la producción de alimentos.
El oficialista Torrealba se burló de la "neo-esclavitud" y en casi toda su intervención uso el prefijo para descalificar los argumentos de la MUD.
"No vengan con ese cuento de que van a esclavizar" y explicó que se trata de la figura muy conocida de la "comisión de servicios" que no viola la Constitución.
El diputado Armas asemejó la resolución con lo aplicado en Cuba con las Unidades Militares de Apoyo a la Producción.
Por último, Pizarro fustigó duramente a la bancada del PSUV y dijo que lamentaba que los que se dicen defensores de los trabajadores pretendieran banalizar un debate como ese.
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