El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que el caso de los tres diputados del estado Amazonas reincorporados a la Asamblea Nacional no se ha podido culminar y dictar sentencia debido a situaciones que se les han presentado, aunque no especificó qué tipo de situaciones indicó que aún se encuentran recolectando pruebas sobre el proceso.
Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció este domingo ante lo sucedido en la sesión ordinaria del pasado jueves en la Asamblea Nacional (AN), donde se aprobó la incorporación de los diputados del estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, luego de que el pasado 12 de enero el Parlamento decidiera desincorporarlos por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que los acusaba de “fraude electoral”.
Informó, a través de un comunicado publicado en su página web, que el caso de los tres diputados aún se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, “cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia”.
El Poder Judicial se excusó e indicó que dicho proceso aún no ha sido culminado debido a que “se han presentado situaciones” que se lo han impedido, aunque en el comunicado no especificó qué tipo de situaciones. Sin embargo, aseguró que el expediente del caso “evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias para seguir impulsando éste y los demás procesos que le corresponden”.
El comunicado no informó que medidas aplicará el ente judicial sobre la reciente reincorporación de los diputados.
A continuación el comunicado:
A pesar de las constantes actuaciones de las partes y terceros interesados, en especial, quienes resultaron favorecidos con ese proceso electoral, se han ido realizado todos los actos procesales como lo pauta la Ley.
Actualmente se encuentra pendiente una solicitud de reposición de la causa, al estado de librar una nueva comisión, requerida recientemente, el 25 de julio de 2016, por un tercero interesado en el proceso, Fidel Caballero representado por Rosnell Carrasco, en apoyo a los diputados cuya proclamación está temporalmente suspendida, dirigida a recabar unas pruebas testimoniales.
Como se recordará el 29 de diciembre de 2015, la ciudadana Nicia Maldonado interpuso recurso contencioso electoral con amparo cautelar, contra los comicios parlamentarios celebrados en Amazonas, con motivo de la ocurrencia de hechos contrarios a la ley, públicamente conocidos, que podrían dar lugar a la configuración de fraude electoral en detrimento de la voluntad libre y soberana de los electores de esa entidad.
La acción judicial fue admitida por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, ordenando de forma provisional la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas, en razón de existir considerable fundamento para ello.
Esa sentencia fue desacatada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional al incorporar a los tres (3) diputados del estado Amazonas, razón por la cual, en sentencia del 11 enero de 2016, la referida Sala declaró el desacato y la inmediata desincorporación de los mismos del órgano legislativo nacional; sentencia esta que sí fue acatada debidamente, en reconocimiento del error jurídico en el que incurrió la Asamblea Nacional.
En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia. En esta etapa se han presentado situaciones que han impedido culminarla por ahora, aun cuando del expediente se evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias para seguir impulsando éste y los demás procesos que le corresponden.
Así pues, el TSJ ha asegurado el cumplimiento de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y debido proceso a todos los intervinientes en la causa judicial en referencia. El máximo tribunal garantiza el respeto la Constitución y a las sentencias emanadas del Poder Judicial, así como la firmeza en la aplicación de todo lo previsto en el ordenamiento jurídico para mantener la institucionalidad y preservar el Estado de Derecho y de Justicia como elementos fundamentales para la convivencia social y bienestar de pueblo venezolano.
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