Este martes se conoció que la aprobación a la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro cayó en mayo del corriente año a un 23,3%, su peor nivel en poco más de seis meses, según una encuesta de la firma local Datanálisis.

Maduro, un ex chofer de autobús de 53 años, enfrenta un difícil panorama con recesión económica, escasez de productos básicos y la inflación más alta del mundo, en medio de millonarios pagos de deuda externa que se le avecinan a la estatal Petróleos de Venezuela(Pdvsa).

Ante la aguda crisis que vive el país petrolero, la oposición, fortalecida tras lograr la mayoría en las parlamentarias de fines del año pasado, está tratando de activar un referéndum para revocar el mandato de Maduro, pero se ha encontrado con varios escollos legales.

En octubre del 2015, la aprobación del heredero político del fallecido Hugo Chávez tocó mínimos de 21,1 por ciento. Sin embargo, a partir de allí repuntó hasta 33,1 por ciento en febrero, para volver a caer desde marzo.

Según el sondeo, realizado entre el 18 y el 25 de mayo y con un margen de error de +/-3,04 por ciento, un 74,2 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del presidente y un 94,6 por ciento cree que la situación del país es “negativa”.

Además, 73,4 por ciento de los encuestados coincide en que Maduro debería ser removido este año por un referéndum revocatorio y sólo un 23 por ciento sostiene que debería permanecer hasta principios del 2019 cuando termina su mandato.

Sin embargo, la baja aprobación de Maduro no es inusual en América Latina, donde Juan Manuel Santos en Colombia y Ollanta Humala en Perú, por ejemplo, tienen índices aún menores. Pero durante sus 14 años de gobierno socialista, Chávez puso la vara de popularidad muy alta en la polarizada Venezuela.

Desde que asumió como presidente tres años atrás, la popularidad de Maduro ha perdido terreno a medida que la crisis económica empeora con el desplome de los precios del crudo, fuente del grueso de los ingresos en divisas del país.
Maduro atribuye los problemas económicos a una “guerra económica” orquestada por la oposición política que, dice, busca sembrar el caos y derrocarlo.

La oposición, sin embargo, niega las acusaciones y sostiene que 17 años de políticas económicas socialistas han devastado la industria local, generando pérdida de empleos y escasez de bienes de primera necesidad.


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