Liliana Ortega, representante del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos aquel 27 de febrero, considera que no responsable predecir una situación social



Rafael Arias

Caracas.- La escalada de los saqueos en Venezuela en los últimos meses, producto de la situación económica que afecta al país y las dificultades de acceso a los alimentos y medicinas, ha llevado no sólo a personas de a pie, sino a muchos analistas a buscar una correlación con eventos similares y en particular con El Caracazo, hecho que marcó los últimos años del siglo XX venezolano.

Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, considera que no es responsable predecir una situación social de la magnitud de aquel.

Apuntó que no es fácil que se repitan las mismas circunstancias, ya que se trata de escenarios muy diferentes pese a que “existen elementos similares que son motivo de preocupación en la actualidad”.

“Un elemento conector es el no escuchar a la gente de a pie. Hoy en día el discurso de los actores políticos no tiene esa empatía con la gente, básicamente con el tema del desabastecimiento”.

Según las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta mayo de 2016 se han registrado en el país 641 protestas de las cuales 254 corresponden a saqueos o intentos de saqueo dentro del territorio.

“Los saqueos representan una expresión irracional y violenta que lamentablemente genera daños a personas que no están involucradas en el conflicto. Es una gran torpeza de los actores políticos intentar generar circunstancias de no esperanza en la gente, ya que eso va a degenerar en más violencia”, indicó Ortega.

Aseguró que El Caracazo es un punto de inflexión en materia de Derechos Humanos y la democracia, incluyendo el espacio de las libertades públicas.

“En el año 89 se dio la protesta social en un marco no capitalizado, donde existían elementos coyunturales.. Estos eran básicamente la rabia y la frustración, que surgieron como respuesta a las medidas que se estaban tomando económicamente, hacia la pérdida de credibilidad de los factores políticos, la corrupción y la impunidad que dieron origen a los saqueos en Guarenas y se replicaron en Caracas”.

El sociólogo Alexander Campos destacó que en el saqueo participa cualquier tipo de ciudadano que intenta resolver una situación personal y responden, en principio a razones económicas, políticas, las cuales describió como “fenómenos límite” donde las sociedades no encuentran respuestas en las vías tradicionales.

“En situación de hambre es importante desligarse de situaciones moralistas e individualistas que no buscan las verdaderas respuestas ante la raíz del problema”.

Campos aseguró que, según estudios sociológicos, 80% de la población venezolana rechaza el saqueo.

Los saqueos representan una expresión irracional que lamentablemente genera daños a personas que no están involucradas. Es una gran torpeza de los actores políticos intentar generar circunstancias de no esperanza en la gente”.
Liliana Ortega
Directiora de Cofavic
Del lado del gobierno aseguran que, por ejemplo, El Cumanazo, registrado en el estado Sucre, el 14 de junio, fue una acción orquestada por la oposición.

“La gente de la derecha dice ‘el pueblo está protestando por hambre’… Hambre se pasaba aquí en la cuarta República. Ahora es una situación que nuestro pueblo la entiende perfectamente”, dijo el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello.

Voceros del gobierno han señalado que en una situación de hambre no se saquean ópticas, como ocurrió en Sucre.

Durante el Caracazo de 1989, sin embargo, no sólo fueron saqueos a comercios de alimentos, sino tiendas de electrodomésticos, de ropa.

Ortega explicó cómo diferencia, que en El Caracazo había básicamente un acaparamiento de alimentos pero no desabastecimiento.

“La gente estaba muy molesta porque sabía que muchos comercios tenían los alimentos guardados para ponerles precios nuevos y que dichos rubros no estaban siendo ofertados. Había dos o tres rubros que estaban escasos, pero jamás la situación que hoy en día padece la población”. Otro problema que generaba malestar en esa época era la falta de monedas para dar vuelto a la gente. “La gente se sentía un poco estafada cuando no se tenían como darte el vuelto”.

Violación de DD.HH.

En el caso de El Caracazo, las violaciones a los Derechos Humanos ocurrieron bajo un decreto de suspensión de garantías.

Hoy en día existe un decreto con características similares, el cual, a juicio de Ortega, es “desproporcionado, vago e impreciso, porque prácticamente suspende todos los derechos al no denominar cuáles están suspendidos”. Agregó que la mayor parte de los crímenes que se cometieron en El Caracazo ocurrieron bajo la suspensión de garantías.

Rafael Uzcátegui, de la ONG Provea, también se refirió al decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica anunciado el 13 de mayo para tomar medidas extraordinarias con la finalidad de enfrentar la dificultad en el acceso de los alimentos.

“Una de las medidas de ese decreto fue la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap); el Gobierno argumenta que existe una situación de sabotaje, determinando que el problema del acceso a los alimentos tendría que ver más con la distribución que con la producción (...) Esto significó una interrupción del hilo Constitucional que aparta al Gobierno de Nicolás Maduro de la democracia. La ciudadanía entiende que el problema se va a agravar”.

Uzcátegui indicó que existe claramente una curva de aumento de estas situaciones de conflictividad. “Provea ha venido documentando esa situación de conflicto en todo el país donde cada día al menos se producen cuatro saqueos en el país, teniendo además el registro de seis personas que han perdido la vida en medio de esos conflictos”.

Para Provea es importante resaltar que el saqueo es “una consecuencia ante la incertidumbre y la desesperación del ciudadano ante las medidas anunciadas desde el Gobierno que lamentablemente no están solucionando el problema”.

“Existe el temor por parte del ciudadano de que pese a las acciones no pueda acceder a los alimentos. Lamentablemente los mensajes desde el Ejecutivo aumentan ese desasosiego porque continúan apostando al enfrentamiento entre venezolanos, además de las medidas represivas para las personas que realizan esos actos”, sentenció.

Sigue la impunidad
Cofavic dice que en Venezuela no hay un solo tribunal que haya sentenciado en el caso de El Caracazo. “Luego de 27 años no hay un tribunal venezolano que haya tenido la dignidad de establecer responsabilidades”, señala Liliana Ortega.
“En 1989 con el presidente Carlos Andrés Pérez, el Ministerio Público trajo al equipo de antropología forense de Argentina para que se identificarán los restos. Hemos pedido, año tras año, nuevamente contar con dichos expertos. Lamentablemente la impunidad cierra las puertas a las víctimas”.
Referendo: vía de salida
Para Rafael Uzcátegui, de Provea, hay una diferencia clara en comparación con la situación registrada en 1989 y es que ahora la población tiene la posibilidad de participar en un mecanismo constitucional para expresar su opinión sobre la gestión de gobierno, que es el referendo revocatorio. Para el coordinador de Provea lo que está impidiendo la situación de conflicto con rasgos como los vividos en esos años, es la posibilidad que se active ese mecanismo.    “Otra diferencia con respecto a 1989 es que el espacio público se encuentra  muy  militarizado”.


http://eltiempo.com.ve/venezuela/situacion/cofavic-en-la-epoca-del-caracazo-tampoco-se-escuchaba-a-la-gente/223424