Cuando José Antonio Arriaga firmó para apoyar la convocatoria a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro sospechó que lo podían despedir de su trabajo como funcionario en la aduana de un puerto fluvial del país.

Y sus temores se confirmaron a fines de junio cuando, por medio de una carta, lo echaron de su cargo en el Seniat, que ocupaba desde hace 21 años y, de un plumazo, lo despojaron de su jubilación.

“El objetivo de ellos es remover a los que estamos, manifiestamente, en contra”, dijo Arriaga a Reuters en la casa de sus padres, en Caracas, a donde llegó la semana pasada para exponer su caso ante el parlamento.

“Mi llamado en la Asamblea fue a que dejen el miedo. ¡Ya basta!, no es posible que sigamos soportando esto”, agregó el abogado de 53 años antes de volver a la ciudad de Puerto Ordaz, donde trabajaba y vive con su familia desde hace 15 años.

Como Arriaga, otros cientos de trabajadores públicos y hasta policías y bomberos aseguran haber sido despedidos en los últimos días por firmar a favor del revocatorio contra Maduro, según testimonios recavados por Reuters, un listado de una ONG de derechos humanos y medios de comunicación locales.

Pese a que la medida viola un decreto-ley firmado por el propio Maduro en el 2015, que prohíbe los despidos sin causa justificada hasta 2019, el Gobierno no se ha pronunciado y no hizo comentarios ante llamados de Reuters.

“Vamos a revisar una por una”

La única advertencia vino del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

“Si en esas firmas que está recogiendo la derecha, que nosotros vamos a revisar una por una, uno encuentra firmando a un director del Ministerio X, Y o Z, para que revoquen al compañero presidente Nicolás Maduro, tiene que irse de manera inmediata de ese cargo”, amenazó en declaraciones luego de la recolección de firmas llevada a cabo en mayo.

La oposición y el grupo de derechos humanos Provea están dando asesoría a los despedidos, pero lamentan que se deje sin trabajo a familias enteras en medio de la crisis económica.

“Una vez que llegué a la oficina me conseguí a una persona de Recursos Humanos para hacerme entrega de una carta de despido”, relató Johan Olivo, quien tenía 23 años trabajando para la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) hasta su destitución la semana pasada.

“Ellos no te dicen el por qué. Estamos siendo despedidos, básicamente, porque firmamos por el revocatorio”, agregó.

El administrador de 45 años de edad dijo que votó por el fallecido Hugo Chávez, pero firmó por la salida anticipada de Maduro porque lo considera responsable de la crisis económica que atraviesa el país.

Venezuela entró en recesión en el 2014 y el año pasado cerró con la inflación más alta del mundo, mientras muchos de sus 30 millones de habitantes se agolpan diariamente en enormes colas para conseguir alimentos y medicinas escasos.

A medida que la crisis se agudiza, la coalición de partidos de oposición, MUD, asegura que la realización del revocatorio este año apaciguaría las aguas ya que, según la Constitución, si Maduro es revocado el próximo año sería su vicepresidente quien debería concluir su mandato hasta principios del 2019.

A principios del 2004, en plena campaña de un plebiscito contra Chávez, el fallecido diputado oficialista Luis Tascón publicó en su web personal la lista de más de 2,4 millones de venezolanos que firmaron a favor de convocar un referéndum para desbancar al líder socialista.

Inmediatamente, quienes firmaron la petición del referéndum, empezaron a denunciar despidos de puestos públicos, rechazos laborales y marginación de algunos servicios estatales por el solo hecho de haber signado. Meses después, el diputado retiró la “lista Tascón” de su web, pero el daño ya estaba hecho.

Esta vez, quienes fueron despedidos por supuestamente firmar a favor del revocatorio contra Maduro temen que se haya armado otra “lista Tascón” ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) permitió verificar el nombre de los firmantes en su web por unos días.

“No es casualidad que todos los que estamos siendo removidos aparecíamos en el listado del CNE”, se quejó Arriaga.


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