Más de tres millones de pensionados y jubilados esperan que el Ejecutivo autorice de forma definitiva el pago del bono de alimentación y medicamentos que la Asamblea Nacional convirtió en ley dos años después de que el presidente Nicolás Maduro prometiera el beneficio
JORGENIS HERNÁNDEZ | @JH_PACO
Un “toma y dame”. Esta es la forma en que pueden resumirse los primeros seis meses de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015. El Parlamento de mayoría opositora ha tenido un semestre agitado entre las desclasificaciones que recibe continuamente del gobierno nacional y el contrapeso que ha representado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), específicamente la Sala Constitucional.
En seis meses, 20 leyes han sido aprobadas en primera discusión y siete han sido sancionadas, pero de estas solo un instrumento legal pasó el examen de la Sala Constitucional: la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados.
El instrumento legal que fue aprobado el 30 de marzo, con voto salvado de la fracción oficialista, tiene como objetivo darle a más de tres millones de jubilados y pensionados el beneficio “con el fin de proteger su derecho a la alimentación y a la adquisición de medicinas”.
Después de que la Asamblea sancionara esta ley hubo semanas de silencio por parte del presidente Nicolás Maduro que llevaron a la directiva de la Asamblea a promulgar la ley el 21 de marzo. Una semana después se conoció que Maduro había pedido al TSJ el análisis constitucional correspondiente.
La sentencia N° 327 del 28 de abril resolvió que la ley era constitucional, pero con una excepción: su vigencia estaba sujeta a la situación económica del país. La principal razón que dio el TSJ para esta decisión fue que el gasto que implicaba el pago de un bono a jubilados y pensionados no estaba contemplado en el Presupuesto Nacional y en los recursos de la Tesorería Nacional.
El TSJ pidió a la Asamblea coordinar con el Ejecutivo una propuesta para garantizar el pago de estos recursos y tal como lo ordenó el máximo tribunal del país ocurrió.
El diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas, presentó el informe con el plan de financiamiento que contemplaba los recursos para pagar el bono desde junio hasta diciembre. La propuesta requería 262 millones de bolívares que podrían obtenerse de las exportaciones petroleras que se realizan por el mecanismo Dicom y con un recorte de 30.000 barriles a Petrocaribe.
El Parlamento aprobó el informe y lo remitió al Ejecutivo. Dos meses después no ha habido ninguna decisión por parte del gobierno.
“El gobierno se niega a pagarle a los jubilados y pensionados su bono de alimentación y medicina. Presenté el informe para el financiamiento y se envió al Ejecutivo para su consideración, pero ellos no quieren pagar. El estudio que pidió el TSJ está hecho”, expresó Guerra a El Nacional Web.
El también economista explicó que no hay razones para que el presidente Nicolás Maduro no le dé a los jubilados y pensionados el beneficio que ya está aprobado.
“La ley está aprobada, el gobierno tiene que pagar y nosotros vamos a forzarlo. Volveremos a enviarle la comunicación con el informe y le exigiremos respuestas. Recurriremos a la presión de calle, que parece ser el único lenguaje que entienden”, expresó.
Guerra destacó que el argumento que dio el TSJ para que la ley no entrara en vigencia de forma inmediata no fue más que una excusa. Señaló que hay muchos gastos que no están contemplados en el Presupuesto Nacional como los aumentos salariales y aseveró que para esas situaciones existe la figura del crédito adicional.
El mismo criterio es compartido por el diputado Miguel Pizarro, quien introdujo el proyecto de ley en la Asamblea.
“Desde el principio se planteó la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados como un acto de justicia social para dar solución a la crisis social que vive este sector y para que se acabe el círculo vicioso que si compro medicinas no compro comida y viceversa. Nosotros cumplimos con todo el entramado para que la ley fuera ley”, expresó Pizarro.
El parlamentario destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aprueba la ley por un tema de ceguera y voluntad política que lo aleja de la crisis que atraviesan los venezolanos de la tercera edad.
El bono es una necesidad
La decisión del TSJ y la falta de respuesta del presidente no son comprendidas por los pensionados y los jubilados, quienes han protestado en las últimas semanas para exigirle al gobierno que dé luz verde para la cancelación del bono. Aunque los manifestantes son adultos que superan los 60 años de edad, efectivos de la Guardia Nacional han sido protagonistas de las protestas y han frenado los intentos de llegar al Palacio de Miraflores.
"El gobierno si tiene dinero para comprar armas, regalar a otros países y costear la comitiva que viaja con Maduro, pero niega este derecho a los pensionados del Seguro Social, además de no pagar desde hace varios meses la pensión a los que viven en el exterior", destacó Edgar Silva, del Comité de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad a El Nacional en la última protesta realizada al final de mayo.
Las quejas de los adultos mayores por no tener suficiente dinero para sobrevivir son cada vez más constantes y solicitan la ayuda que Maduro en 2014 dijo que daría como complemento de las pensiones.
“Estoy estudiando una propuesta seriamente, queridos hermanos y hermanas de la tercera edad, pensionados. Tengo muy avanzado la propuesta y el estudio para una modalidad parecida a esta vinculado a nuestros abuelitos como complemento de sus pensiones vinculado a sus medicinas y alimentos más preciados. Una especie de ticket de alimentación y medicamentos para sus abuelitos. Esto amerita estudio”, dijo el jefe de Estado.
Dos años después continúa la espera de los jubilados y pensionados, pero esta vez están cada vez más cerca de obtener una respuesta. Este jueves habrá una concentración cerca de la Vicepresidencia de la República para pedirle nuevamente acciones al gobierno.
Acompañar las protestas de los adultos mayores es la principal forma que tiene la Asamblea Nacional para presionar al gobierno para que actúe.
“El gobierno se gasta 1.400 millones en regalos a Cuba, prefiere seguir con desfiles militares y marchas rimbombantes, pero no quiere pagar el bono. Eso demuestra las prioridades de quienes están a cargo del país. No hay excusas, lo que hay es ceguera política”, aseveró Pizarro.
El diputado indicó que en la Comisión de Desarrollo Social, la cual preside, el tema no ha dejado de discutirse porque existen más de tres millones de venezolanos a los que se les está negando un derecho por el “capricho y soberbia” del gobierno.
“Esto no tiene que ver con colores políticas es una decisión del gobierno y listo. Desde que entregamos el informe para financiar el pago del bono hemos tenido un silencio abismal, que pretende hacer invisible un elefante en la sala, pero hay más de tres millones de venezolanos que saben que tienen un derecho que el gobierno les está negando y que no lo están recibiendo por el capricho y la soberbia de un Ejecutivo que está de espaldas al país”, sostuvo.
http://www.el-nacional.com/politica/unica-barrera-TSJ-espera-Maduro_0_878912239.html
