Un total de 4 diputados (3 de la Mesa de la Unidad) no han podido asumir sus funciones parlamentarias desde enero de este año por una medida del TSJ

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El diputado Virgilio Ferrer (UNIDAD-Representación Indígena), propuso solicitar un derecho de palabra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la situación de los diputados suspendidos de Amazonas y representación indígena por la región sur, por una medida cautelar impuesta por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Dicho planteamiento fue expuesto ante la pasada reunión ordinaria de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, donde el parlamentario manifestó que es imprescindible que los cuatro diputados afectados acudan a esas organizaciones internacionales para denunciar en detalle cómo se lesiona  la voluntad del pueblo, sin ningún fundamento legal, reseñó este lunes una nota de prensa de la Asamblea Nacional.

“En ese periplo, las organizaciones y parlamentos internacionales, conocerán la grave violación de sus derechos políticos, soberanos y exigiremos el derecho que tiene el pueblo de Amazonas de estar  representado en el Parlamento venezolano”, expresó el diputado Ferrer, quien integra la Subcomisión de Participación, Garantías, Derechos y Deberes de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas.

Aseguró que los diputados Julio Ygarza (UNIDAD-Amazonas), Nirma Guarulla (UNIDAD-Amazonas) y Romel Guzamana (UNIDAD- Representación Indígena de la Región Sur), y Miguel Rodríguez (GPP- Amazonas) “no están solos, defenderemos sus derechos y el de los ciudadanos que los eligieron”.

El diputado indígena manifestó que  al gobierno no le gusta que el mundo conozca la realidad de lo que sucede en la nación, cuando un vocero político o civil, presenta una denuncia a nivel internacional, acerca de los atropellos y la constante violación a las leyes venezolanas, son inmediatamente tildados de “traicioneros a la patria, eso es inaudito”.

“¿Quién es el vende patria?” cuestionó el diputado Ferrer, al hacer también referencia a la activación del arco minero del Orinoco, implementado por el Ejecutivo Nacional y, el cual, dijo, acarrea la explotación y extracción de minerales, por parte de transnacionales en territorios indígenas, amenazando la integridad física y cultural de las comunidades originarias, destruyendo sus recursos y medios de vida.

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