El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló los principales problemas de las empresas industriales en Venezuela.
Expresó que las empresas industriales venezolanas perdieron progresivamente la capacidad de convertir la moneda local en los dólares o euros imprescindibles para comprar materia prima en el extranjero.
“Las materias primas que solían conseguirse en territorio venezolano se hicieron escasas debido a las políticas de compra, toma, expropiación y expoliación implementadas por los Gobiernos de 1999 a 2013, que convirtieron a muchas empresas privadas en empresas públicas”, señaló Olalquiaga en entrevista con Deutsche Welle.
Añadió el presidente de Conindustria, que a eso se suma el control de precios vigente, que obliga a la industria nacional a vender su mercancía por debajo del costo de producción y ha contribuido a que numerosas compañías se descapitalicen, cierren sus puertas o interrumpan la fabricación de ciertos bienes.
Destacó Olalquiaga que “CONINDUSTRIA propone un cambio de modelo económico. Es necesario reformar varias políticas públicas, empezando por la ley que rige al Banco Central de Venezuela, el sistema de control de cambio, las normativas del ámbito laboral y el código de comercio…”.
En relación a cuánto tiempo tardaría la economía venezolana en recuperarse de implementar los cambios propuestos por Conindustria, Olalquiaga manifestó ello se lograría en dos fases.
“En una primera fase, que duraría de tres a doce meses, se podría restituir la capacidad operativa de las empresas que siguen teniendo potencial para arrancar; las que trabajan lentamente pero conservan una planta de empleados y una estructura jerárquica profesional. En cuanto se active un mecanismo para la concesión de divisas que le permita al sector privado pagar su deuda de 12.000 millones de dólares con los proveedores internacionales y se reinicie la importación de materia prima, unas 4.000 empresas industriales podrían volver a prosperar”, precisó.
Añadió Olalquiaga que en una segunda etapa duraría de tres a seis años, podrían ser reprivatizadas las empresas que perdieron toda su capacidad gerencial y técnica tras ser compradas, expropiadas formalmente o tomadas a la fuerza por el Estado.
Remarcó que ese proceso debe ser desarrollado con tacto y con la participación tanto de los nuevos inversionistas como de los trabajadores con miras a estimular el sentido de pertenencia y a evitar reproducir las malas experiencias que hemos tenido en el medio laboral. Otras 4.000 empresas podrían beneficiarse de esta segunda fase.
“La tercera etapa sí duraría décadas porque ella contemplaría la creación de un marco jurídico y económico estable que atraiga las inversiones extranjeras a largo plazo”, puntualizó Olalquiaga.
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