Según expertos en el área de seguridad ciudadana la segunda fase de la Operación de Liberación del Pueblo anunciada por el Ejecutivo nacional no es más que una copia del Plan Patria Segura, el cual no presentó resultados concretos desde su activación en 2013
ÁLVARO PULIDO
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, aseguró que la Operación Liberación del Pueblo (OLP), que realizó procedimientos en varios puntos de Caracas el martes, pasó a una segunda fase.
La activación de estos operativos se presentan días después de que el ex diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, desengavetó la idea de que era necesario tomar, militar y policialmente, las zonas populares para controlar la criminalidad. Una idea que presenta más problemas que soluciones.
El criminólogo y experto en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, reiteró que militar las zonas populares es un error porque no son personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana.
“Los militares están para defender la soberanía del país de ataques externos no para controlar estas situaciones de seguridad ciudadana. Y eso es algo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma. Además son personas que salen a las calles con armamento de guerra, lo que viola la propia Constitución de la República”, declaró Izquiel en una entrevista a El Nacional Web.
El criminólogo declaró que el concepto de las OLP no ha servido para disminuir la criminalidad en el país.
“Según declaraciones de la misma fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, los homicidios han aumentado más durante las OLP que sin ellas”, dijo.
El 3 de mayo de este año, fiscal general aseguró que en el primer trimestre de 2016 se registraron 4.696 homicidios en todo el territorio nacional, lo que implica un cifra mayor en relación a 2015 que alcanzó poco más de 4.300 asesinados por muerte violenta.
Izquiel también declaró que esta segunda fase anunciada por el Ejecutivo nacional de la OLP no es más que otra versión de lo que fue el Plan Patria Segura, anunciado en 2013.
“El Plan Patria Segura no va a disminuir la criminalidad. Ya se demostró que los militares estaban parados en una esquina sin combatir los delincuentes de ese sector. Además en un procedimiento que no tiene capacidad de aguantar mucho tiempo debido a que no se brindan los suministros apropiados como manutención o alimentos para los soldados”, resaltó.
El martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró en su programa de televisión En Contacto con Maduro que la toma de las zonas populares por parte de las fuerzas de seguridad del Estado tendrá una nueva modalidad del Plan Patria Segura debido a que se estaban “cometiendo errores” con los procedimientos anteriores.
Cuerpos de seguridad indefinidos
A demás de la intervención de las fuerzas militares en las Operaciones de Liberación del Pueblo, hay otros organismos de seguridad del Estado que participan a pesar de cumplen otras competencias.
“Hemos visto que, en los operativos, están funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, lo que no es muy acorde al caso. El Cicpc es la policía de investigación, y sus competencias son después de ocurren los crímenes y no para participar en operativos de tomas de zonas populares. El Sebin, por su parte, no tiene un definición legal de cuáles son sus competencias. Sabemos que es una policía militar del gobierno nacional, pero no existe una ley en la que defina sus funciones”, declaró Izquiel.
El experto en seguridad ciudadana declaró que la Policía Nacional Bolivariana debería ser el único organismo pertinente para participar en los procedimientos de la OLP. Sin embargo, aseguró que las policías en el país no cuentan con la preparación ni la dotación de armamento para combatir a la delincuencia.
“Desde que existen las Zonas de Paz el gobierno nacional lo que ha hecho, de forma indirecta, es dotar a las bandas criminales y darles libertades. Por eso es que los organismos policiales deben estar dotados para poder cubrir todos estos casos”, declaró.
La fiscal general ortega Díaz declaró que hay que realizar una reestructuración de la policía en Venezuela ya que se tienen muchos registros de violaciones por parte de los organismos y funcionarios policiales.
Irregularidades de la OLP
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado ante los organismos públicos los problemas que las Operaciones de Liberación del Pueblo están realizando en el país.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, declaró que desde la ONG han reportado al menos 20 casos de ejecuciones extrajudiciales durante las redadas de la OLP.
“En el informe que presentamos junto con Human Right Watch pudimos comprobar 11 casos de personas que fueron ultimadas y no estaban relacionadas con bandas criminales”, declaró en una entrevista telefónica a El Nacional Web.
Uzcátegui también resaltó que no se están cubriendo todos los procedimientos judiciales acorde a la cantidad de detenciones registradas en la OLP.
“De las más de 14.000 detenciones en que se realizó el año pasado sólo fueron presentadas a juicio 100 personas”, concluyó.
http://www.el-nacional.com/sucesos/Militarizacion-populares-gobierno-quiere-corregir_0_846515476.html
