ASAMBLEA NACIONAL | CNE | RUPTURA CONSTITUCIONAL | TSJ |
El acuerdo presentado por la Unidad denuncia “la ruptura del orden constitucional en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del TSJ y del CNE”.
La Unidad ha consignado un acuerdo que emplaza al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la “sistemática y reiterada violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de los intereses del Pueblo Venezolano”.
El acuerdo presentado por la Unidad denuncia “la ruptura del orden constitucional en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del TSJ y del CNE”.
Insta al presidente Nicolás Maduro a permitir un diálogo y a que deje de “reducirlo a una herramienta propagandística, asumiendo una actitud irresponsable de querer permanecer en el poder a costa de la paz del país”.
La oposición también, desde el Parlamento, exige al mandatario que “active los mecanismos de liberación de los presos políticos, acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, abandone el discurso de la ofensa y de odio, construya una agenda común con todos los sectores del país para la producción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la reivindicación de los derechos humanos”.
Se exige también que Maduro “no utilice a los demás Poderes Públicos para impedir las acciones que adelante esta Asamblea Nacional para resolver la crisis económica y para solucionar los problemas de gobernabilidad que aquejan al país”.
El texto rechaza “el activismo político partidista de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, quienes con el pretexto de la interpretación y control previo de la constitucionalidad de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, han pretendido desconocer la autoridad del cuerpo parlamentario”.
Se rechaza públicamente las amenazas de demandas penales ante el TSJ contra los diputados de la AN que han acudido a las organizaciones internacionales “a denunciar las violaciones al Estado de Derecho en nuestro país”.
Se exige “al CNE, en particular a su Presidenta, que asuma responsablemente su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos, a través de los mecanismos constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 70 y 293, último aparte, de la Constitución.
En este sentido, se conmina al Poder Electoral para que se instituya como un instrumento imparcial para que en los próximos meses, dentro del año 2016, el pueblo de Venezuela pueda expresar libremente su voluntad de cambio democrático a través de un referéndum revocatorio al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
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