Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH, estuvo en Venezuela de visita académica esta semana. Advirtió que al Estado y específicamente a la autoridad electoral no le debe importar por quién votó una persona sino que ejerza su derecho

EDGAR LÓPEZ

Las largas colas de personas a las puertas del supermercado que está ubicado frente al hotel donde estuvo hospedado fue lo primero que llamó la atención del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, a su llegada a Venezuela. Le interesó tanto el asunto que se acercó al Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela: “Allí vi mucha más gente haciendo fila. Tenían horas esperando y estaban muy molestos porque, cuando lograban entrar, no conseguían los productos a precios regulados que buscaban. Pude constatar que muchos aparadores estaban vacíos. Esto denota claramente que existen precariedades y limitaciones en materia del derecho a la alimentación, que solo se ven en países como Cuba o en los que ha habido períodos de hiperinflación, como México o Argentina, o en donde han ocurrido desastres naturales”.

Álvarez Icaza llegó a Venezuela el martes, ofreció conferencias en dos universades –la UCAB y la UCV– y regresó a Washington el viernes. Ayer, con los recuerdos frescos y libre de ataduras para opinar, conversó telefónicamente sobre lo que ocurre en el país.

—En la calle también vi a los bachateros…

—Bachaqueros, de bachacos, unas hormigas grandes.

—Es que es un nombre muy raro. Vendían papel higiénico, productos de limpieza, huevos… Es un contexto que afecta el derecho a la alimentación. Por ejemplo, supe que a las mujeres les piden la identificación de los recién nacidos para venderles leche maternizada. También supe de las dificultades para conseguir medicamentos, entre ellos los que requieren los que padecen enfermedades crónicas.

—¿La muerte de más de 200 recién nacidos en los primeros meses de 2016 por falta de insumos en los hospitales públicos corresponde a una crisis humanitaria?

 —Hemos recibido información que nos permite señalar que la situación de la salud en Venezuela es de una enorme gravedad. La discusión acerca del alcance de una crisis y su eventual calificación como crisis humanitaria está sujeta a interpretaciones diversas sobre el carácter estructural o coyuntural de la situación. La discusión más útil tiene que ver con el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que la sociedad se pregunte y reflexione sobre cuánto invierte el Estado en salud en comparación, por ejemplo, con compra de armas. La CIDH está trabajando en un informe sobre derechos humanos y pobreza, porque no basta que el gobierno alegue que tiene un programa social; lo importante es que diga cuándo ese programa social va a mejorar la situación. Toca que el Estado de respuestas.

—En Venezuela se ha advertido el riesgo de instrumentalización político electoral de los programas sociales, como la entrega de viviendas de interés social.

—En Venezuela, como en cualquier país del mundo, el Estado está obligado a garantizar los derechos. Su relación con los ciudadanos no puede estar determinada por la compra-venta de votos a través de programas sociales. No es una lógica de premio y castigo. El Estado debe servir a ciudadanos autónomos y no a clientes electorales. Los programas sociales vistos con una lógica electoral constituyen una amenaza para la democracia participativa. No puede haber un condicionamiento de prestación de servicios a cambio de votos.

—Este año, la CIDH remitió a la Corte Interamericana el caso de la llamada lista Tascón, aplicada en perjuicio de quienes apoyaron el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. La presidente del CNE ha dicho que es posible que se publiquen las identidades de los que avalen el revocatorio solicitado contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Hay algo que temer?

—La posición de la CIDH está claramente expresada en el informe de fondo sobre el caso que usted menciona, a través del cual se determinó la violación de los derechos políticos de los peticionarios. En este revocatorio no pueden repetir mecanismos discriminatorios, pues ello constituiría una nueva violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha manifestado su preocupación por el incumplimiento del Estado venezolano de nueve sentencias. Es vital para la República Bolivariana de Venezuela y para cualquier país del continente acatar las sentencias de la Corte Interamericana, porque ayudan a combatir las causas de las violaciones de derechos humanos. A través de mecanismos electorales no se pueden menoscabar los derechos de los ciudadanos. Me explico: al Estado no le debe importar por quién votó una persona, sino que esa persona vote. A una autoridad electoral no le corresponde determinar a priori de dónde, de qué partido viene la persona,  sino solo que ese ciudadano existe. De lo contrario violaría sus obligaciones internacionales.

—¿Qué implicaciones tiene que el Poder Judicial esté controlado por el oficialismo?

—Los criterios de la CIDH al respecto están plasmados en un informe titulado “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”. El Poder Judicial debe garantizar una justicia imparcial, ajena a interferencias de otros poderes públicos o poderes fácticos. La idea es que todos los jueces sean autónomos, incluso de sus superiores jerárquicos en el plano administrativo. Y que se reivindique la doble instancia como mecanismo para rectificar. La independencia del Poder Judicial es vital para la salud de una democracia.

—¿Qué significa que el Poder Judicial haya invalidado todas las decisiones del Poder Legislativo desde que este se encuentra en manos de la oposición?

—Esta confrontación de poderes es nueva, pues cuando la Asamblea Nacional estaba controlada por el oficialismo no existía. La revisión de la constitucionalidad no puede funcionar como un mecanismo de inhibición del ejercicio de los otros poderes o una forma de legislar por la puerta de atrás. Las reglas de la democracia implican respeto a la voluntad de las mayorías. El 6 de diciembre las mayorías decidieron y lo que toca, en consecuencia democrática, es respetar la voluntad popular.

Ficha personal

Mexicano

Sociólogo

Secretario de la CIDH desde 2009

Ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal

Ex defensor del Pueblo del Distrito Federal

Ex director general del Centro Nacional de Comunicación Social y cofundador de Alianza Cívica

Políticos y narcos aliados

Emilio Álvarez Icaza habla con mucha angustia de México, su país natal. Considera que está entrando a una zona peligrosísima de la que Colombia está saliendo, en referencia a la vinculación entre políticos y traficantes de droga.

“La escalada de violencia del narcotráfico y del crimen organizado en México es tan preocupante como las reacciones de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo por los excesos en el uso de la fuerza y las deficiencias del sistema de administración de justicia que fomentan la impunidad. Ayotzinapa es un ejemplo. Las bandas criminales comienzan a trabajar con o para  las autoridades estatales de distintos niveles. Me parece que todos esos fenómenos se padecieron en Colombia, por lo cual creo necesario que México voltee su mirada hacia el sur, para aprender. Ahora se han disparado las alarmas y se ha empezado a discutir sobre eventuales vinculaciones de algunos diputados con el narcotráfico”, advierte.

El secretario de la CIDH terminará su mandato en agosto de este año y decidió no postularse a la reelección. Prefiere volver a México con el propósito de contribuir a detener la violencia que denuncia y que compromete la vigencia de los derechos humanos en ese país.

Álvarez Icaza considera que la penetración del narcotráfico en el Estado es un problema que afecta a todo el continente y, por lo tanto, amerita acuerdos y acciones conjuntas.

http://www.el-nacional.com/politica/revocatorio-deben-repetir-mecanismos-discriminatorios_0_843515712.html