Caracas.- A penas de tres a cinco años de prisión y multas hasta por 1,7 millones de bolívares se exponen quienes incurren en el delito de reventa de productos de la cesta básica, el llamado bachaqueo, reiteró este martes William Contreras, superintendente de Precios Justos, tras una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo (DP), en Caracas.
En el encuentro entre la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se analizó el bachaqueo como un fenómeno que atenta contra el derecho del pueblo a acceder a determinados bienes, lo que se encuadra en el delito de reventa, tipificado en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
La LOPJ establece que "quien revenda productos de la cesta básica o regulados, con fines de lucro, a precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa o por lineamientos para establecimiento de precios, será sancionado con prisión de tres (03) a cinco (05) años, multa de doscientas (200) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias y comiso de las mercancías".
"Ese artículo también remite a la Ley contra de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuando se trata de grupos organizados", recordó Contreras, al tiempo que detalló que la existencia de bandas organizadas dedicadas al bachaqueo se ha detectado gracias al trabajo conjunto de la Sundde, la DP, el Ministerio Público, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La prioridad de todas acciones del Estado es evitar que se vulneren los derechos de la población, explicó el superintendente: "Se ha detectado grupos organizados, que hacen tour inclusive en determinados ejes de las principales ciudades del país para garantizar que sean siempre las mismas personas que tenga acceso a los productos, nosotros estamos combatiendo eso y los vamos a seguir combatiendo".
En la reunión celebrada este martes, las autoridades revisaron informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, tras haber realizado 5.087 inspecciones a 1.566 centros de la red pública y privada de expendio de alimentos en todo el país, las cuales permitieron confirmar la existencia de bandas organizadas dedicadas al bachaqueo, así como la ausencia de criterios unificados para la venta de algunos productos, entre otros problemas.
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