Algunos de los hechos de corrupción investigados son el caso de Cavim, industrias Diana, algunas empresas filiales de Pdvsa, el caso de Abastos Bicentenario y de la aerolínea Conviasa

El contralor general de la República, Manuel Galindo, afirmó este jueves que hay muchos hechos de corrupción bajo investigación, y destacó que desde el año 2002 han ingresado al Ministerio Público (MP) más de 2.200 casos de corruptela.

Indicó que algunos hechos de corrupción investigados son: "El caso de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), industrias Diana, algunas empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el caso de la aerolínea Conviasa", declaró en el programa "Vladimir a la 1", que se transmite por Globovisión.

Asimismo aseguró que un proceso podría tardarse hasta cinco años. "Un hallazgo puede dar consecuencias a la investigación de otro hallazgo que guarde relación. Los expedientes existen, en mi gestión, las puertas de la Contraloría están abiertas (...) Estoy seguro de que en esta gestión, antes de finalizar el año, tendremos información de las toneladas de comida podrida de Pdval“.

Galindo señaló que en ocasiones los miembros de las comunas y consejos comunales incurren en delitos de corrupción porque no saben manejar los recursos que les otorga el Estado.

En ese sentido, destacó que la institución que él conduce desarrolla jornadas de capacitación dirigidas al poder popular para evitar este tipo de delitos.

A raíz de esta situación manifestó que la Dirección de Contraloría Social tiene previsto instalar el próximo mes de junio una mesa de trabajo en todo el país.

Al ser consultado por los casos de Pdvsa, precisó que ya se han superado las investigaciones de carácter administrativo, pero faltan muchos elementos probatorios, sin embargo 276 personas han sido inhabilitadas, aunque señaló que la Contraloría General de la República (CGR) no se involucra en política.

"En el caso de Pdvsa hay muchos inhabilitados por delitos de corrupción. La Contraloría no persigue a políticos o personas, persigue hechos", enfatizó.

Aclaró que el Ministerio Público no es el ente que tiene la responsabilidad de establecer sanciones penales: "La administración pública en el caso de Pdvsa y Abastos Bicentenario tiene que hacer una investigación penal".

El servidor público agregó que la base principal para afrontar la corrupción en Venezuela “está en los valores morales. Hay ministros y exministros investigados por corrupción, pero la investigación no significa que sean culpables o no. Estamos investigando los recursos que se designaron para la construcción de viviendas”.

“Las empresas, quizás por el tema de la guerra económica, no licitan. Eso es parte de la guerra económica porque las empresas no quieren ajustarse a los precios reales. Te hacen una oferta, pero luego te dicen que el precio es otro”, sostuvo.
Expresó que en la Contraloría hay casos por convenios de carácter internacional que no han respetado las leyes, “pero esto es una materia que le compete más a la Fiscalía General de la República”.

Igualmente informó que el caso de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cefar) está bajo investigación, aunque no precisó información sobre los involucrados, pero sí "hay varios responsables".

Notificó que actualmente se están llevando a cabo investigaciones de funcionarios activos dentro del Gobierno Nacional, sin embargo no reveló mayores detalles.

"Panama Papers"

Finalmente, Galindo se refirió a los "Panama Papers", y recordó que el ente que él preside lleva a cabo investigaciones sobre estas evasiones fiscales desde 2002.

“A partir de este miércoles tomamos la decisión de abocarnos de manera directa al caso de los papeles de Panamá. En dos meses deberíamos tener avance. Tengan la seguridad de que la Contraloría General de la República comienza esta semana investigaciones de carácter administrativo”, declaró.

Aclaró que la denuncia del exministro de Energía Eléctrica y Educación, Héctor Navarro, quien dijo que se “perdieron” 25 mil millones de dólares, es “infundada y no contiene ningún elemento probatorio ni siquiera para declararla improcedente”.

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