Las UBCH o los Círculos de Lucha Popular forman parte de los recién creados CLAP. En las planillas se pregunta: “¿Pertenece a alguna agrupación social o política?"

A media mañana pocas personas esperan a las afueras de un Mercal ubicado en el sector Ruiz Pineda de la parroquia Caricuao. Un grupo sale del establecimiento con sus bolsas mientras otros cuentan los productos regulados que se llevan a casa: leche en polvo, azúcar, caraotas, pollo, harina precocida, arroz, pasta, margarina y aceite. Las facturas muestran montos entre 500 y 700 bolívares por la compra de 9 a 10 productos, un costo que le hace brillar los ojos a cualquiera que compre a diario en un supermercado, mercado municipal, feria de verduras, bodegas o, peor, los bachaqueros.

"No pueden quedarse en la entrada, no pueden aglomerarse aquí", dice una joven que verifica una lista y organiza el ingreso. A cada rato se acerca alguien a preguntar si van a empezar a vender otra vez por número de cédula, si hay que anotarse en alguna lista o si reabrieron porque llegaron los productos. Los encargados de controlar la entrada responden las preguntas con otra interrogante: ¿Usted está anotado en el censo de su consejo comunal?

—Sí.

—Le toca comprar tal día.

—No.

—Tiene que esperar a que vayan a su casa a censarlo.

"¿Y si no pertenezco a ningún consejo comunal?"

Esta es la pregunta más recurrente. Unos piden hablar con alguno de los organizadores de la venta porque es su vecino desde hace años. Hay otros que no conocen a quienes controlan el acceso, pero aseguran tener toda su vida viviendo en la zona, aunque no forman parte de ningún consejo comunal: bien sea porque no está formado o porque ellos no participan.

El censo y el consejo comunal vuelven a ser la condición, el paso uno infranqueable, según quienes dan la información. Y la respuesta es la misma: sin consejo comunal no se puede comprar.

La historia se repite en otros sectores populares como San Agustín del Sur o La Vega. Igual ocurre en edificios de Quinta Crespo, Las Acacias, El Valle o Santa Rosalía, solo por mencionar algunas zonas de Caracas.

"Entiendo que hay un censo, que me anotan y que me dicen dónde puedo ir a comprar porque no es que nos van a llevar las bolsas a la casa. El problema es que las personas del consejo comunal no me tratan y entonces no sé si me vayan a censar", dice Nellymar González, quien vive en San Agustín del Sur desde hace 35 años.

Un vecino le informó a González que debía ir a buscar información en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicado en la avenida Lecuna. Lo evitó durante varios días porque durante las elecciones había tenido problemas con alguien del comando de campaña pesuvista que tiene su sede allí. "Discutí con ellos una vez y prefiero evitar los problemas, pero necesito comprar leche y café porque vivo con mi mamá, que tiene 80 años, y no he conseguido en ninguna parte".

En la sede del PSUV aseguran que ellos no manejan la información, sino los consejos comunales: "Si no forma parte de uno tiene que buscar el más cercano y registrarse para que pueda entrar en el censo. Ellos pasan por las casas de 6:00 pm a 7:00 pm para que la gente ya haya llegado de sus trabajos", explica una persona que permanece en la sede del partido, aunque aclara que ellos no son los encargados del censo.

Las juntas de condominio de los edificios, a falta de consejo comunal, también divulgan la información en las carteleras comunitarias en las que se explican las condiciones generales para formar parte del recién implementado Sistema Popular de Distribución de Alimentos Casa por Casa, que está a cargo de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Los comités tienen algo en común: sus miembros forman parte de alguna organización política adscrita al PSUV, principalmente las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez) o los Círculos de Lucha Popular (CLP).

"Mi bolsita de comida"

La idea del casa por casa fue entendida en las comunidades como una especie de operativo con el cual un grupo se encargaría de llevar una bolsa de comida por vivienda; en su defecto, el jefe o jefa de cada hogar podía ir a buscar su bolsa de comida donde le indicaran. Esta percepción generó altas expectativas en la gente, que comenzó a preguntar cuándo y cómo sería la entrega de las bolsas en sus comunidades.

Pero la entrega de la bolsa no es tal. Se trata más bien de una compra asignada por listas que controlan los consejos comunales y se limita a la distribución de la red pública de alimentos, que a pesar de lo que han declarado sucesivos ministros, no cuenta con la capacidad de abastecer a toda la población; ni siquiera la totalidad de una parroquia.

“Es imposible que el Gobierno trate de sustituir a las cadenas privadas de alimentos”, dijo el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, durante su participación en un foro sobre perspectivas económicas del país para el año 2016. Los datos presentados por Datanálisis indican que 79 % de las compras de alimentos se dan en los canales privados de distribución, como cadenas de supermercados, abastos y bodegas.

Aun así, el anuncio del nuevo plan casa por casa despertó la atención de un grupo importante de la población. “Yo sigo haciendo mi cola en los supermercados, pero los únicos que tienen leche, caraota y pollo a 65 bolos son los de Mercal”, comenta Milagros Pereira, habitante de La Vega.

Pereira responde sin titubear: “Yo no soy chavista, pero tengo derecho a comprar igualito que los demás”. Cuenta que una vez, mientras hacía la cola en un operativo a cielo abierto, una persona del consejo comunal cercano a su casa dijo en voz alta: “Los escuálidos deberían taparse la cara para comprar aquí”. Milagros guardó silencio porque, aunque no fue directamente con ella, se sintió humillada por esta vecina que conoce desde hace más de 15 años.

“No le respondí, pero me quedé porque tenía la necesidad. En mi casa viven nueve personas, hay cuatro niños y no puedo comprar a los bachaqueros”, refiere.

Pereira no se niega a que los consejos comunales participen en la organización de las jornadas de comida, pero considera que no deben ser ellos los que lo controlen: “Ahí entra en juego si tú le caes mal a la persona o si ellos consideran que primero les venden a los que son chavistas y si queda les venden a los demás. ¿Quién va a venir a verificar que te dejaron por fuera o que les vendieron más a los que son cercanos? Esto es nada más y nada menos que la comida, eso es un poder muy grande”.

La logística del partido

En el segundo día de implementación del sistema casa por casa en dos Mercales ubicados en Caricuao (Ruiz Pineda y UD2), las personas que estaban en la puerta tenían gorras y franelas con símbolos del PSUV. Esther Agreda coordinaba el ingreso en el Mercal de Ruiz Pineda. Se identificó como miembro del consejo comunal y también como coordinadora del Círculo de Lucha Popular. “Yo trabajo con Miraflores”, dijo Agreda al preguntarle quién y cómo se organizaba la venta de comida.

“Nosotros coordinamos el censo del consejo comunal y, según el número de familias, se hace la solicitud de comida a Mercal y ellos se encargan de traer la cantidad para todos los que están asignados a este centro”, explicó.

A cada persona que se le acercaba a preguntarle cómo podía comprar si el consejo comunal no hacía el censo, Agreda le aseguraba que todos los de la zona de incidencia podían comprar si buscaban al consejo comunal más cercano: “O dígale a su consejo comunal que se active”.

El sistema implementado en ese sector contempla que en medio día, desde las 7:00 am a las 12:00 m, las personas registradas por el consejo comunal puedan comprar un día específico del cronograma. En promedio se pueden atender dos consejos comunales o 300-350 personas por jornada, porque solo un representante del grupo familiar puede presentarse a comprar el día correspondiente.

Pero el cronograma, nada más de una parte de la parroquia Caricuao, contemplaba 28 consejos comunales, lo que implica mes y medio de distribución en la primera oleada. Así que quien compró a principios de abril puede volver a comprar después del 15 de mayo, cuando todos los consejos comunales hayan sido atendidos, sin contar que pueden agregarse más en el camino.

Los vecinos que salían con su compra también observaron que la distribución de lo que se consideraba un grupo familiar no había sido equitativa: “En mi casa vivimos siete personas, pero somos tres familias distintas: mi hermano con su esposa y su hijo, mi mamá y mi papá, aparte mi hijo y yo. Entonces somos tres jefes de familia distintos. Por ejemplo, mi hijo es adolescente y junto a mi papá, mi mamá y mi hermano se pueden comer un kilo de pasta en una semana. Igual pasa con la leche, porque mi sobrino la necesita más. Por eso no podemos llevar un solo kilo de cada producto”, explica Nayibe Ramírez, habitante de Ruiz Pineda.

Los coordinadores ubicados en la entrada del Mercal aseguran que la venta no es por casa sino por familia, pero Ramírez afirmó que un conocido que vive en el mismo edificio pudo comprar tres veces aunque son dos familias: “Compró el muchacho que vive con su esposa y dos niños, aparte compró su mamá que sería otra familia pero también compró su hermana que no tiene hijos. Ella debió incluirse en la compra de la mamá, ¿no?”, se pregunta.

Esta discrecionalidad es la que mayor problema ha generado durante los primeros días de implementación del sistema. Víctor García, miembro de una UBCH, y parte del equipo de logística en el Mercal en UD2, pone su mejor cara de paciencia y trata de dar alternativas a todas las particularidades que se le presentan en la puerta.

“Todavía nos estamos ajustando y hay que corregir. Le digo a la gente que tenga paciencia porque todos van a tener la oportunidad de comprar, a nadie se le va a negar la comida, pero también es cierto que ocurren cosas que no deberían”, sostiene. En 20 minutos atendió a seis personas que le explicaban los problemas que han tenido para comprar: un habitante del sector Las Casitas a quien el consejo comunal de otro sector no quiso registrarlo porque tienen que conformar uno propio, una señora que no pudo ir el día que le correspondía porque estaba en el hospital con un familiar enfermo y ahora debe esperar más de un mes, una joven que no pudo pedir permiso en su trabajo durante la mañana para ir a comprar y envió a su sobrino, pero no le vendieron porque no estaba registrado en el censo.

“Uno trata de ayudar lo más que puede, pero la gente también tiene que organizarse porque quieren comprar pero no participar”, comenta García.

El argumento de García lo comparten, por ejemplo, los miembros del consejo comunal de un grupo de edificios en Quinta Crespo: la participación política está estrechamente ligada al derecho a comprar a precios regulados. La planilla entregada en ese sector contiene una pregunta sobre la participación política: “¿Pertenece a alguna agrupación social o política? Si pertenece a alguna agrupación social o política indique cuál”.

La queja que aparece una y otra vez es que la estructura del partido político de Gobierno no debería intervenir en la distribución de comida: “¿Por qué debo decir si soy de un partido político? ¿Si digo que soy de la MUD no puedo comprar? Y si eso no importa, ¿por qué lo preguntan?”, comenta la residente de un edificio en Santa Rosalía.

En otras zonas como Las Acacias, al sureste de Caracas, la convocatoria fue liderada también por los equipos del partido de Gobierno. Vanessa Rolfini, habitante de un edificio en la avenida Victoria, mostró algunos mensajes de texto en los que se lee: “Se forman CLAP (comida casa x casa) comunidad se adhiere a un consejo comunal cercano. El comité nombra voceros y listo se pone en marcha”.

Algo similar ocurrió en un edificio en Los Jardines de El Valle: miembros de las UBCH formaron los comités y las mismas personas formaban parte del consejo comunal que organizaba los censos. “De entrada te están diciendo cómo van a ser las cosas, porque si uno tiene que ir a preguntar en la sede del partido, si el que está en la puerta tiene una gorra del PSUV, si los organizadores forman parte de todos los grupos grandes, medianos y pequeños del partido, ¿entonces de verdad es para todas las casas? El problema es que ya no son neveras o lavadoras, esto es con la comida”, cuestiona un residente que prefirió reservar su nombre y vive desde hace nueve años en un edificio ubicado en la parroquia El Valle.

En las redes sociales esta es una constante denuncia: la posible discriminación política para tener la posibilidad de comprar alimentos a menor precio y acceder a productos como leche en polvo, harina precocida y caraotas, que son rubros que tienen rato desaparecidos de los mercados privados y solo se consiguen en la red pública.

El dirigente político de la MUD, Jesús Torrealba, recogió denuncias de comunidades en el interior del país, en las que mostraba fotografías de un papel que llaman "carnet de residencia" o "tarjeta de abastecimiento" para la entrega de alimentos.

En la foto, publicada en su cuenta en Twitter @ChuoTorrealba, se puede ver el papel con el logotipo del Ministerio de Comunas y Protección Social, que identifica a la persona con nombre, apellido y cédula de identidad, más el sello del PSUV en la parte posterior que permitía hacer la compra de comida en la red pública.

Intento tras intento

Los CLAP se formaron durante marzo y la primera semana de abril. La medida es el paso siguiente al anuncio del presidente Nicolás Maduro de liquidar la red de Abastos Bicentenario para convertirla en Centros de Distribución de Alimentos, debido a la cantidad de evidencia de contrabando de productos y corrupción interna, por lo cual fueron detenidos varios de sus directivos, incluidos los de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).

Este sería el tercer intento del Ejecutivo Nacional, en 10 meses, de relanzar un plan para el sistema de distribución de alimentación. En junio de 2015, el entonces vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, aseguraba que “en dos meses se estabilizaría la distribución de alimentos”. El plan era controlar el proceso por medio de los Consejos Populares de Abastecimiento, organizar la compra según el terminal de número de cédula y utilizar el captahuella para que las personas solo compraran una vez lo que necesitaban y evitar la reventa.

Tres meses después, en octubre de 2015, el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Yvan Gil, estuvo a cargo de implementar otro relanzamiento del sistema de distribución: los mercados comunales a cielo abierto. Gil aseguraba, un mes después, que ya habían realizado 4.612 operativos en el país y que el objetivo era “reventar las cadenas privadas de distribución que esconden el alimento al pueblo”.

Y como a la tercera va la vencida, el 11 de marzo de este año el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que sería activado de inmediato el nuevo Sistema Popular de Distribución de Alimentos en 588 parroquias de todo el país, lo que significaba la distribución de 3 mil toneladas métricas de comida. Dijo también que los gobernadores, alcaldes, ministerios y representantes del poder popular tendrían la tarea de activar los comités junto a la Fuerza Armada Nacional y el PSUV.

Pero esta historia viene repitiéndose desde 2014. El 10 de septiembre de ese año, el para entonces ministro de Alimentación, Iván Bello, anunció el plan piloto del Sistema de Abastecimiento Seguro, que contemplaba la instalación de 1.500 captahuellas en la red pública, tanto en la Gran Caracas como en las poblaciones de frontera.

En enero de 2016, el presidente Maduro hablaba nuevamente de un Plan de Abastecimiento Seguro, como un lanzamiento novedoso que en esa oportunidad incluía el registro de un millón de hogares para obtener una tarjeta de las Misiones. “Vamos a arrancar ya, en las próximas horas, la inscripción e incorporación de, por lo menos, un millón de hogares venezolanos, en consejos comunales, UBCH (Unidades Bolívar-Chávez), en Hogares de la Patria, en todas las fuerzas obreras y sindicales del país”, garantizó.

http://contrapunto.com/noticia/el-consejo-comunal-es-la-alcabala-para-comprar-comida-barata-70271