ASAMBLEA NACIONAL | DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA | ESTADOS DE EXCEPCIÓN | TSJ |
La ponencia conjunta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró constitucional el Decreto de Emergencia Económica, fue publicada en Gaceta Oficial 40.838 del 28 de enero de 2016, en desacato a la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción.
De manera ilegal y en claro desacato al artículo 33 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, el TSJ publicó en Gaceta Oficial la decisión sobre la constitucionalidad del decreto presidencial publicado el 14 de enero, y que la Asamblea Nacional negó en plenaria el 22 de enero.
El instrumento jurídico (Decreto 2.184 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 6.214) que perseguía restringir aún más los derechos constitucionales de los ciudadanos en materia económica, quedó sin efecto desde el mismo momento en que el parlamento lo desaprobó por presentar un diagnóstico que partía de falsos supuestos y procuraba un cheque en blanco para continuar interviniendo la economía.
“De acuerdo con el artículo 33 de la LOSEE, el TSJ debió omitir el pronunciamiento y declarar terminado el proceso de análisis de constitucionalidad y no enviarlo a la Gaceta Oficial”, dijo a El Estímulo Vicente González de La Vega, profesor de Derecho Público Económico de la Universidad Metropolitana y del post grado de Derecho Corporativo.
El contenido del decreto quedó sin validez, “su publicación es innecesaria e introduce un elemento de perturbación en las relaciones institucionales”, señaló.
El jurista destacó que aunque el decreto tiene fecha de publicación el 14 de enero, el máximo tribunal de justicia no publicó el documento en la cuenta del día en su página web, lo que según González de La Vega impidió que se ejerciera oposición y se presentaran pruebas y alegatos sobre la inconstitucionalidad del decreto.
El TSJ también se pronunció sobre el decreto antes que la Asamblea Nacional tomara una decisión, cuando con el anterior parlamento siempre esperó por la aprobación del Poder Legislativo en los casos de estados de excepción fronterizos para luego decidir sobre su constitucionalidad.
González de La Vega indicó que con este desacato a la LOSEE “se está jugando políticamente para darle sustento a las acciones que va a tomar el gobierno”.
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