La Ley de Arrendamiento “ha generado que solo 7% de la oferta en inmuebles esté alquilado”

Stephanie Lozada Madriz.- El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, explicó que se deben reformar algunas leyes para dinamizar el sector inmobiliario, entre ellas las referidas al mercado de arrendamiento.

En el Foro de “Perspectivas inmobiliarias en año electoral”, González afirmó que ciertas leyes crean desconfianza, como el caso de la Ley de Arrendamiento que ha generado que solo 7% de la oferta se alquile. “Nunca hubo una política de arrendamiento, solo se estipuló una regulación que únicamente beneficia al arrendador”, destacó Teresa Borges, abogada especialista en esa área.

También esperan que el Ejecutivo reconsidere modificar la Ley de Tierras Urbanas, ya que si un terreno está en desuso, no es necesario “tomarlo”. Para Borges, se puede establecer el cobro impuestos por un área de tierras improductivas. “Así el dueño de la tierra ayuda a la comunidad con esa contribución tributaria”, dijo.

González y Borges coincidieron en que la descentralización era un punto fundamental para incentivar las inversiones en construcciones, y los “largos plazos de espera” para el registro y revisión de los proyectos se eliminarían por la intervención directa de las alcaldías.

Un punto de suma importancia para los analistas son las distintas modalidades de avalúos, las cuales ocasionan que la burocratización se extienda. “Debe haber una simplificación”.

El arbitraje para los casos de arrendamientos podría evitar que las intervenciones judiciales se realicen solo cuando hay actuaciones penales. “No es posible que tengamos casos donde hay sicariatos o ajustes de cuentas por una vivienda”, admiten.

Aunque destacaron que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) ha actuado como árbitro ante estos conflictos.

Explicaron que todas estas propuestas fueron entregadas a la Asamblea Nacional para debatir las correcciones que la Cámara ha solicitado.

Ley Contra la Estafa Inmobiliaria es el nombre de la normativa que “garantiza la inviolabilidad del derecho que tienen las personas a acceder a los planes y proyectos destinados a vivienda”.

Borges refirió esta ley por la eliminación de la preventa en el mercado primario, que imposibilita a la clase media de comprar viviendas. También señaló que se debe rescatar el régimen de competencia en el sector.

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