El máximo juzgado del país sureño admitió un amparo que una pareja interpuso para que se verifique la situación de los exalcaldes de Chacao y San Cristóbal.

EL UNIVERSAL

Santiago.- La Corte Suprema de Chile ordenó al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que le solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe a Venezuela una comisión que constate la condición real del encarcelado opositor Leopoldo López y del exalcalde Daniel Ceballos, en arresto domiciliario, informó AFP.

El máximo tribunal chileno hizo este petición tras acoger un recurso de amparo presentado por una chilena y un estadounidense, quienes manifestaron su preocupación por el estado de salud de López, encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), donde deberá cumplir su condena a casi 14 años de cárcel por los disturbios ocurridos tras la marcha del 12 de febrero de 2014. Los accionantes también expresaron su alarma por la situación del destituido alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, actualmente en arresto domiciliario.

"Se dispondrá como medida de cautela de la garantía constitucional del derecho a la vida los citados ciudadanos, la medida de requerir, a través del Gobierno de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, se constituya en el Estado de Venezuela, cárcel militar Ramo Verde y cárcel común de Guárico o donde se encuentren privados de libertad a la fecha", indicó el fallo.

La decisión busca que la CIDH "constate el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos, recoja sus impresiones y evacúe un informe a la Asamblea General de la OEA respecto del cumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia y evacúe un informe".

El dictamen no tiene ninguna validez dentro de Venezuela ni puede obligar al Gobierno de Nicolás Maduro a recibir a los miembros de la instancia con sede en Washington (CIDH), según explicó a la AFP una fuente judicial.

Desde 2002 las autoridades venezolanas vienen negando consecuentemente las peticiones de la Comisión para poder realizar una visita in loco al país y así verificar la situación de las garantías fundamentales, pues acusan al organismo de estar controlado por Estados Unidos.

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