Alianza secesionista amenazada por diferencias ideológicas

Mariano Rajoy apeló al Tribunal Constitucional en el tema catalán REUTERS

EL UNIVERSAL

Madrid.- Los independentistas dentro del Parlamento catalán lanzaron al Estado español un desafío sin precedentes esta semana, iniciando "solemnemente" el proceso de separación de una España cuya artillería jurídica se puso inmediatamente en marcha para contraatacar, pero podrían verse minados por sus divisiones internas.

"La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude", lanzó el jueves el rey Felipe VI de España, saliendo de su reserva por primera vez, muestra de la gravedad de la situación, citó AFP.

Con una resolución aprobada por 72 de los 135 diputados catalanes, el Parlamento regional entró en la historia el lunes proclamando la apertura del "proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy, en plena campaña para su reelección en las legislativas del 20 de diciembre, no se hizo esperar: un consejo de ministros extraordinario el martes, impugnación ante el Tribunal Constitucional el miércoles, y difusión de un informe de la fiscalía que alude a las penas de prisión a que se exponen los culpables de "rebelión" y "sedición".

Tras la suspensión cautelar de la resolución por el Tribunal Constitucional, donde una mayoría de jueces son conservadores, ahora cualquier acto que la vulnere, explica el experto en derecho constitucional Antonio Torres del Moral, puede provocar acciones judiciales.

Si pese a las advertencias, el gobierno catalán comenzase a aplicar su plan independentista, el Estado podría también suspender a su presidente regional: "entonces ya no habría gobierno catalán, el Estado tendría que encargarse de la gestión de las administraciones" regionales como la Hacienda o la Policía, y "luego habría convocatoria de elecciones", agrega Torres del Moral.

"No creíamos que esto iba a llegar, nos ha tomado por sorpresa", dice este profesor universitario, aludiendo a los debates de especialistas entre los partidarios de una suspensión de las competencias propias de Cataluña y quienes defienden soluciones más políticas.

Su colega Javier Pérez Royo, miembro de la lista electoral del partido antiliberal Podemos, la única formación que propone un referéndum de autodeterminación para Cataluña, es de éstos últimos.

"No es un problema de ingeniería constitucional", afirma. Así, según él, el artículo 92 de la Constitución española "permite celebrar un referendo consultivo": bastaría con organizarlo en Cataluña y después "en función del resultado se tomaría una decisión".

En Barcelona los independentistas se sumieron en diferencias difícilmente superables que afectaron sus planes sobre el tema.

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