Critican que en el texto se exija a los jueces cumplir con la "ética socialista" y que la propuesta no haya sido consultada con los abogados y universidades.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Caracas.- Por considerarlo contrario a la Constitución y producto de un "procedimiento nada transparente, excluyente e informal", la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales pidió a la Asamblea Nacional desechar el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le entregó a finales de 2014.
En un comunicado, la institución asesora del Parlamento rechazó que en el texto se exija a los jueces responder a la "ética socialista", por ser este "un concepto de alto contenido político que no está previsto en la Constitución"; y alertó que de aprobarse esto "se corre el grave riesgo" de que los jueces sean enjuiciados si cumplen con lo dispuesto en la Carta Magna y no con la "ética socialista".
"Los valores y principios de la Constitución postulan un Poder Judicial independiente, en el cual se privilegian los Derechos Humanos y la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho al juez natural. En cambio, el Plan de la Patria patrocina un sistema socialista que monopoliza las instituciones, entre ellas el Poder Judicial, lo que lleva a un esquema totalitario y excluyente", apuntaron los académicos Eugenio Hernández-Bretón y Julio Rodríguez en su documento, en el cual agregaron: "Los artículos del proyecto que consagran estos principios socialistas son inconstitucionales y, como tales, no pueden ser aprobados por la Asamblea Nacional. El asunto señalado no es superfluo, porque entonces el Poder Judicial estaría atado a la posición política del partido de gobierno y el mandato constitucional de un juez independiente se hace imposible".
La Academia también puso reparos a lo que desde el TSJ se ha vendido como una de las principales bondades de la reforma: La oralidad en todos los procesos. "No se puede creer que la oralidad elimine por completo a la escritura", sentenció la instancia, al tiempo que explicó: "La demanda, la contestación, la fundamentación de los recursos y la sentencia se hacen por escrito".
Igualmente recordaron que desde 2006 el máximo juzgado ordenó la aplicación de la oralidad en todos los procesos donde el monto en disputa fuera menor a 2.999 unidades tributarias.
Tras criticar que no se haya informado quiénes en el máximo juzgado redactaron la propuesta y que no se haya consultado a los colegios de abogados ni a la universidades, la Academia denunció que en el texto no viene acompañado por un plan de modernización y de infraestructura por parte del TSJ para su implementación.
El Código de Procedimiento Civil regula todo lo que tiene que ver con los juicios por demandas de divorcio, de herencias, por incumplimientos de contratos de arrendamiento y otros no mercantiles o de delimitaciones de tierras, etc.
La reforma al texto vigente, el cual data de 1987, busca acelerar los procesos, algunos de los cuales pueden demorar años en los tribunales.
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