(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – La reforma hecha a la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos lanzó sanciones a todas las direcciones, incluyendo a los medios de comunicación social tradicionales y electrónicos, reseñó el diario La Verdad.

El artículo de la normativa establece las responsabilidades penales, mientras que la disposición 57 profundiza las penas a los delitos de contrabando de extracción, el cual establece como pena máxima 18 años de cárcel, aumentando cuatro años más en comparación a la refrendada el 23 de enero de 2014.

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Asimismo, la normativa aclara sobre la responsabilidad penal que “los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia de las personas jurídicas, así como medios de comunicación, páginas web y otros medios publicitarios serán personalmente y solidariamente responsables ante la justicia venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano vigente”.

El artículo 49 de la ley manifiesta que quienes comenta delito de especulación pagará una pena entre ocho y 10 años de prisión.

Entre los cambios hechos a la normativa está el incremento del castigo con pena de prisión para los contrabandistas.

Fue modificado los años de pena: De 10 años de cárcel, establecido en la ley publicada en 2014, pasó a 14 años de prisión y la de 14 a 18 años: “Quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes, productos o mercancías del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin cumplir con la normativa y documentación en la materia de exportación correspondiente”.

Igualmente, se podrá aplicarse multas por el doble del valor de los bienes “no siendo en ningún caso menos a 500 unidades tributarias”.

También “serán sancionados en su límite máximo y la multa al doble, cuando los bienes extraídos o que haya intentado extraer sean mercancías subsidiadas por el sector público o adquiridas con divisas otorgadas por el Estado”.

10 AÑOS DE PRISIÓN PARA QUIEN INFORME O APLIQUE EL DÓLAR NEGRO
Otro de los puntos tocados en la ley es ilegalizar y castigar a quienes usen el dólar paralelo como marco de referencia para establecer los precios de los productos, publicó el diario El Tiempo.

El apartado manifiesta que “quien de manera directa o indirecta, con engaños y fines de lucro, aplicare o informare, por cualquier medio, un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo para la estimación de los precios será sancionado con prisión de ocho a 10 años”.

De igual forma, la disposición se une al artículo 5, el cual fue modificado, para no solo estipular la vigilancia en el uso correcto de las divisas entregadas a los sectores productivos, sino controlar “la venta, disposición y fijación de precios que involucren moneda extranjera”.

PRISIÓN:
Bienes vencidos: 7 a 9 años.

Especulación: 8 a 10 años.

Importación de bienes nocivos: 6 a 8 años.

Acaparamiento: 8 a 10 años. 180 días de ocupación temporal.

Boicot: 12 a 15 años. 180 días de ocupación temporal.

Reventa: 3 a 5 años. Multas y comiso.

Condicionamiento: 3 a 6 años. 90 días ocupación temporal.

Usura: 5 a 8 años.

Usura en operaciones de financiamiento: 5 a 8 años.

Alteración de bienes: 2 a 4 años.

Difusión fraudulenta: 2 a 4 años.

Alteración fraudulenta: 8 a 10 años.

Corrupción entre particulares: 4 a 6 años.

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