Este año han continuado los procesos judiciales iniciados a comienzos de 2014, cuando las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro alcanzaron un punto álgido

Felipe González Roa / Fabiana Renzulo

Caracas.- Durante 12 años, Blanca Rosa Mármol formó parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cargo al que llegó como culminación de una larga carrera dentro del Poder Judicial. Hoy, retirada del máximo juzgado, advierte sobre la situación de la justicia, la cual, según señaló, está en emergencia.

“Hoy no hay justicia. Utilizan la justicia como una herramienta para someter a la disidencia”.

Este año han continuado los procesos judiciales iniciados a comienzos del 2014, cuando las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro alcanzaron un punto álgido.

Casos como los de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y María Corina Machado le sirven a Mármol para reafirmar su posición: “Estos casos han sido deplorables. Los jueces ya no existen”.

“Apegados a la ley”

El pasado 21 de julio, la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN) solicitó discutir las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República (CGR) contra los dirigentes opositores Enzo Scarano, María Corina Machado y Pablo Pérez.

La iniciativa fue interpuesta por el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Arcadio Montiel. Sin embargo, la mayoría de los legisladores oficialistas se opusieron y no pudo debatirse el tema.

Durante la plenaria, el parlamentario chavista Pedro Carreño expresó que la Contraloría había actuado “apegada a la ley” y denunció que los opositores no respetan la autonomía de los poderes públicos.

“La derecha pedía que se aumenten las multas por lesiones al patrimonio público. Entonces, ahora que los poderes aplican las leyes, lo rechazan”, apuntó.

La exmagistrada Marmol aseveró que, durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, se plantearon como primer objetivo la apropiación del Poder Judicial, meta que, aseveró, alcanzaron gracias a las medidas dictadas por la Asamblea Constituyente.

Enfatizó que desde ese momento, los jueces perdieron su independencia e incluso su libertad, tal como ocurrió con María Lourdes Afiuni, quien fue encarcelada tres años, de diciembre de 2009 hasta junio de 2013, por ordenar libertad condicional del empresario y banquero Eligio Cedeño, quien esperaba juicio por evasión de controles de divisas.

El caso de Afiuni tuvo repercusion internacional, pues el propio presidente Chávez había pedido, públicamente, que apresaran a la jueza.

Organizaciones de derechos humanos emitieron medidas de protección a favor de la magistrada, quien declaró haber sido víctima de múltiples vejaciones y torturas durante su reclusión.

Fiscal acusa al gobierno

Tras cumplirse casi dos meses desde que Leopoldo López fuese condenado a 13 años y nueve meses de prisión, el Fiscal 41 Nacional, Franklin Nieves- designado por el Ministerio Público para asumir el caso- se pronunció a través de un video para denunciar los supuestos vicios del proceso judicial llevado a cabo contra el fundador de Voluntad Popular.

Nieves, quien huyó a Estados Unidos, anunció que decidió salir de Venezuela, junto a su familia, en vista de las presiones ejercidas por el Ejecutivo para que continuara defendiendo “las pruebas falsas” con las que se había condenado al coordinador nacional de la tolda naranja.

“El juicio contra Leopoldo López se encuentra viciado de nulidad absoluta. La condena debe ser revocada e inmediatamente liberado“, alertó el fiscal.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se refirió a Nieves como un “traidor a la patria” y lo acusó de haber recibido “850 mil dólares para asegurar que la sentencia de López es falsa”.

Nieves describe como “psicoterror” la presión que aplica el gobierno de Nicolás Maduro sobre jueces y fiscales para obligarles a tomar decisiones favorables al chavismo.

“Quien se atreva a contrariar estas órdenes, corre el riesgo de ir a la cárcel, como ya ocurrió en 2009 con la jueza María Lourdes Afiuni”, afirmó en una entrevista concedida en Miami.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado para exigir la liberación de Leopoldo López, Manuel Rosales, Antonio Ledezma y otros 80 presos políticos.

“La admisión por parte del fiscal acusador del carácter fraudulento de la pruebas presentadas vicia de total nulidad el proceso llevado adelante por el Gobierno contra Leopoldo López.”

Para rescatar la justicia en el país, la exjueza Mármol insistió en que es necesario recuperar las instituciones para fortalecer el sistema democrático, acción que, enfatizó, pasa por votar en las elecciones parlamentarias y lograr que la oposición alcance la mayoría en la Asamblea Nacional, para así tener una representación que responda a las necesidades de la población.

13 años y 9 meses de prisión

Leopoldo López promovió La Salida, movimiento que derivó en una serie de protestas contra el gobierno, y el 12 de febrero de 2014 encabezó una marcha que llegó al Ministerio Público.

Según sus organizadores, el objetivo de esta movilización reclamar por los problemas que aquejan a los venezolanos, pero la acción degeneró en violencia, con un saldo de tres muertos y decenas de heridos, así como daños materiales a la sede de la Fiscalía.

López afirmó que su llamado fue a la protesta pacífica y negó haber promovido disturbios. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó su captura.

Seis días después de la marcha, el dirigente opositor se presentó voluntariamente ante las autoridades. De inmediato fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.

La Fiscalía lo acusó por instigación pública, daño a la propiedad y lesiones. El juicio tardó cerca de 14 meses, durante los cuales los abogados del dirigente opositor denunciaron violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso.

Finalmente, la juez Susana Barreiros condenó a López a 13 años y nueve meses de prisión. El veredicto está actualmente en trámites de apelación.

Un alcalde bajo arresto

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue uno de los dirigentes políticos que se sumó al llamado de López para impulsar las acciones de La Salida. Este respaldo precipitó su captura, el 19 de febrero del 2015.

La detención de Ledezma despertó alarmas a nivel internacional, sobre todo por tratarse de un funcionario público electo por el voto popular.

Fue presentado en el Tribunal 6° de Control de Caracas, donde los fiscales lo imputaron por conspiración y asociación para delinquir.

El juez ordenó su reclusión en la cárcel militar de Ramo Verde. Ante la inminente necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, el 24 de abril, el juzgado le otorgó arresto domiciliario.

Actualmente sigue recluido en su residencia a la espera de la realización de la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en repetidas oportunidades.

En este acto se determinará si se abre un juicio en su contra. La audiencia premiliminar de juicio ha sido suspendida cinco veces, más de lo que estipula el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal.

Condenado y falta otra sentencia

El 19 de marzo de 2014, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, viajó a Caracas para acompañar a su homólogo Enzo Scarano en la audiencia que debía enfrentar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En horas de la tarde fue capturado por petición del máximo juzgado, que consideró que el mandatario local había desacatado la decisión de evitar el cierre de vías en San Cristóbal, como parte de una serie de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.

Seis días después, la alta corte lo condenó a 12 meses de prisión y lo destituyó de su cargo. Su esposa, Patricia de Ceballos, ganó las elecciones posteriores y ocupó la alcaldía.

También enfrenta juicio por su presunta responsabilidad en los hechos violentos en Táchira. Una vez cumplida la primera sentencia, permaneció privado de libertad.

Inicialmente recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, sus familiares denunciaron una serie de vejaciones y maltratos. Tras advertirse sobre un presunto plan de fuga, el 23 de mayo fue trasladado a una cárcel para presos comunes en el estado Guárico.

El 11 de agosto de 2015, tras considerar argumentos médicos, el juez ordenó su arresto domiciliario.

Destituido e inhabilitado

Como una forma de detener las protestas en algunas ciudades de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó un amparo en el que ordenó a un grupo de alcaldes tomar medidas para evitar el cierre de vías.

Enzo Scarano, del municipio San Diego de Carabobo, fue uno de los mandatarios a quienes se dirigió esta instrucción.

El máximo juzgado consideró que Scarano no cumplió el mandato y, tras convocarlo a una audiencia, el 19 de marzo del 2014 lo condenó a 10 meses y 15 días de prisión, además de destituirlo del cargo.

Su vacío fue cubierto a través de nuevos comicios, en los cuales resultó electa su esposa, Rosa.

Tras permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde, el 4 de febrero del 2015, Scarano, recuperó la libertad.

Anunció su intención de postular su nombre a las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre, pero tuvo que desistir de la idea al ser inhabilitado por 12 meses por la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades detectadas en su declaración jurada de patrimonio

Le impiden ser candidata

El 22 de marzo del 2014, la delegación de Panamá cedió su espacio a la diputada María Corina Machado para que explicara, en la Organización de Estados Americanos (OEA), acerca de las protestas de comienzos del año.

Miraflores logró que la asamblea no se llegara a realizar.
Dos días después, por moción promovida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el legislativo destituyó de sus funciones a Machado, quien, según la mayoría oficialista, perdió su investidura al aceptar la representación de otro país en un foro internacional. Esta decisión fue avalada por el TSJ.

El 3 de diciembre de 2014, el Ministerio Público la imputó por conspiración, tras alegar que estaría involucrada en planes para atentar contra la vida de Maduro. De ser declarada culpable en un eventual juicio, podría ser condenada a una pena de ocho a 16 años de prisión.

El 14 de julio del 2015 fue inhabilitada por un año por la Contraloría, que detectó supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio.
Esta sanción le impidió postularse a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Dos exgobernadores
El 9 de junio de 2015, un tribunal inhabilitó por siete años y seis meses al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales. No se han dado mayores explicaciones del motivo de la sanción, que fue firmada por la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Desde abril de 2009 estuvo en Perú, adonde se exilió luego de recibir amenazas de prisión por presunto enriquecimiento ilícito. Regresó al país el 15 de octubre 2015 y fue detenido inmediatamente después de bajar el avión.
A Pablo Pérez, también exgobernador del Zulia, la Contraloría inhabilitó por 10 años. Tampoco ha habido mayores detalles sobre esta sanción, que, de igual forma, fue firmada por la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
También fue preso
Henrique Capriles Radonski fue imputado por la Fiscalía General de la República por los hechos vinculados al asedio de la embajada de Cuba, ubicada en el este de Caracas, el 12 de abril de 2002, luego de que el día anterior tuviera lugar el golpe de Estado que provocara la breve salida del poder del entonces presidente Hugo Chávez.
El incidente se produjo cuando una turba de manifestantes antichavistas se congregó en los alrededores de la sede diplomática cubana siguiendo el rumor de que allí se encontraban refugiados varios funcionarios.
Quien entonces se desempañaba como alcalde del municipio Baruta, acudió al lugar para mediar con el embajador Germán Sánchez Otero, pero más tarde sería acusado de violar principios internacionales así como por los delitos de intimidación pública y daños a la propiedad.
Fue recluido en el Helicoide desde el 11 de mayo hasta el 6 de septiembre de 2004, cuando se emitió una orden de libertad condicional bajo régimen de presentación. Sin embargo, no fue sino hasta octubre de 2006 que quedó absuelto de todos los cargos en su contra.

http://eltiempo.com.ve/venezuela/investigacion/opositores-en-la-mira-del-sistema-judicial/200958