Un "Informe General Sobre la Situación Carcelaria" en el país señala como principal problema el hacinamiento. Menciona como caso extremo el caso del Centro de Tocorón que tiene una población de reclusos de 7.634 personas pero una capacidad de recibir solo a 750 internos.
Señalan que los reclusos viven una situación "parecida a un infierno"
EL UNIVERSAL
Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) destacó hoy que desde 1999 han muerto 6.581 presos en los penales del país, aunque la cifra anual viene bajando, y que el nivel de hacinamiento carcelario es actualmente mayor al 190%.
"Desde 1999 hasta la presente fecha hay más de 6.500 personas que han fallecido en prisión, hay más de 16.000 heridos, eso quiere decir que hay más de 20.000 personas que han sido tocadas por la violencia carcelaria", dijo a Efe Humberto Prado, director de OVP, tras presentar un informe de la organización no gubernamental.
El "Informe General Sobre la Situación Carcelaria" cifra en 49.664 personas la población carcelaria del país y menciona como principales problemas la violencia y el hacinamiento, este último causado principalmente por la lentitud del sistema de justicia y agravado por las reformas legislativas que incluyen nuevos lapsos y prerrogativas a favor del Ministerio Público.
OVP destacó que la cifra anual de muertes en las cárceles venezolanas ha ido bajando desde 2012, cuando se registró una crisis carcelaria y hubo 591 víctimas mortales.
Después de 2012 los números comenzaron a bajar pues en 2013 fueron 506 las bajas, en 2014 se informó de 309 y en el primer semestre de 2015 se ha notificado de la muerte de 109 presos.
"El promedio de edad de los muertos y heridos (desde 1999) es de 28 años", señala el informe.
Asimismo el reporte destaca que "la situación de degradación" del sistema penitenciario de Venezuela no solo se ajusta a la violencia derivada del uso de armas sino también a las "precarias condiciones de las instalaciones", el retardo en el proceso judicial y la mala alimentación.
Además, se indica que los custodios, no solo maltratan a los reclusos, sino que supuestamente cobran por proteger a los presos que pueden pagar por ello, por ejercer chantaje y extorsión.
"La falta de vigilancia y cooperación del personal de custodia y el trato vejatorio a quienes visitan a sus familiares privados de libertad, son otras de las circunstancias que propician la presentación de posibles escenarios violentos dentro de los penales", se indica en el informe.
A lo anterior se suma, además, "la falta de un buen presupuesto para que el interno desayune, almuerce y cene y tenga por lo menos las 2.500 calorías que dice la Organización Mundial de la Salud", dijo Prado que pidió vincular todo este escenario a la situación de hacinamiento.
Prado indicó que entre las causas del hacinamiento se encuentran "el retardo procesal por parte de los órganos de justicia", la "falta de construcción de nuevos centros de reclusión" y "el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva".
En el informe también se destaca que a las anteriores causas del hacinamiento se ha sumado el hecho de que el Ministerio del Servicio Penitenciario ha clausurado cárceles "de manera improvisada".
En el documento se menciona como caso extremo de hacinamiento el Centro Penitenciario de Aragua (centro) o cárcel de Tocorón, que tiene una población de reclusos de 7.634 personas pero una capacidad de recibir solo a 750 internos.
El hacinamiento, dice el reporte, no solo amenaza la integridad física de los presos, pues los familiares y el personal de custodia también corren riesgo en estos espacios sobrepoblados.
"Ejemplo de ello es la situación irregular que sucedió el 31 de agosto de 2015 en la cual se produjo un presunto incendio dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Carabobo (...) teniendo como resultado la cifra de 19 personas fallecidas", nueve de ellas mujeres que estaban visitando a sus familiares.
La "realidad", se indica en el informe, revela que los internos viven una situación "parecida a un infierno" que los lleva a tomar "medidas drásticas" como la realización de huelgas de hambre "o de sangre (se aplican cortes en brazos y piernas para sangrar)" para exigir "así sea una reivindicación mínima de sus derechos".
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