Ven con buenos ojos "un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad", así como que "se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador" que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad
ÚN | EFE.- Las Farc buscan en las negociaciones de paz que mantienen con el Gobierno colombiano en La Habana, conseguir una amnistía para los delitos políticos y conexos, que aún están por definir, y "no están pidiendo una amnistía general", según dijo hoy el principal asesor jurídico de esa guerrilla, Enrique Santiago.
"Las Farc no están pidiendo una amnistía general, pero sí una amnistía amplia para los delitos políticos y conexos, que se definirán en su momento", declaró el abogado español en entrevista con la revista Semana.
El asesor indicó al medio que el grupo armado vería con buenos ojos "un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad", así como que "se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador" que no necesariamente tienen que incluir penas privativas de libertad.
"Si el Estado cumple su obligación de justicia, no hay ninguna norma en el derecho penal internacional que diga que deba haber privación de la libertad. Creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval", afirmó Santiago.
El experto reconoció que esa herramienta extrajudicial está aún por definir, pero consideró que puede ser "una sala dentro de la Comisión de la Verdad, o por fuera de ella, donde a cambio de una verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas".
Además, apuntó que "habrá que crear un tribunal de cierre que ratifique las sanciones que se impongan desde esta instancia extrajudicial".
Y añadió que, en caso de que se propongan aplicar penas de prisión, estas deberían ser "para todo el mundo y no solo para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)".
Preguntado si eso incluye a los más altos cargos políticos de Colombia, como el presidente y sus ministros, Santiago matizó que eso sería una consideración política y no jurídica, pero que en cualquier caso "está claro que la cúspide de la cadena de mando alcanza a ministros, presidentes y a toda la cadena política".
El asesor subrayó que "desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas", y en este caso "la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos".
Sobre la oposición del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) a la posibilidad de que no haya penas de cárcel, Santiago indicó que el ahora senador "es el que debería estar más preocupado de que este modelo de verdad salga adelante", porque si se aplica prisión "él es el que tiene más papeletas" para sufrir esta condena.
Santiago consideró que la guerrilla no aceptará la aplicación del Marco Jurídico para la Paz, un conjunto de directrices que en 2012 fue incluido en la Constitución del país para regular aspectos como la desmovilización de guerrilleros.
No lo harían, explicó Santiago, porque consideran que fue diseñado solo por una de las partes y porque inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad o de guerra.
"Cuando los miembros de una organización como las Farc han pasado 50 años en armas y deciden abandonarlas, lo único que no se les puede prohibir es que participen en política. Eso no tiene ningún sentido ni está contemplado en el derecho internacional", declaró.
Santiago defendió que las penas alternativas no implican impunidad, de la que sí han gozado, a su juicio, "los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro".
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