Los problemas se centran en la no discusión o retardo en las negociaciones de los contratos colectivos y el desconocimiento de dirigentes sindicales
ANA DÍAZ
La práctica del gobierno de retrasar la discusión del los contratos colectivos del sector público ha multiplicado las situaciones conflictivas en los organismos y empresas del Estado, al punto de que dos millones de trabajadores se encuentran inmersos en esa situación, afirmó la dirigente Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores. Indicó que el Ejecutivo paraliza, difiere o retrasa a voluntad las negociaciones de la contratación colectiva en su política de destruir el movimiento sindical independiente, el cual no se arrodilla a las imposiciones gubernamentales que implican desmejorar las reivindicaciones de años de lucha.
Agregó que para asegurarse convenciones colectivas a la medida y obviar el cumplimiento de las obligaciones contractuales el gobierno ataca los sindicatos independientes: los persigue o pone preso a los sindicalistas, además de utilizar el Poder Judicial y el Poder Electoral en contra de la libertad y autonomía sindical. “Hoy la mayoría de los organismos y empresas del Estado tienen conflictos con sus trabajadores”, dijo la dirigente.
Fernando Barrientos, asesor laboral y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que actualmente hay muchos incumplimientos gubernamentales con los trabajadores del sector público, los cuales ameritan acciones de protesta más profundas que cerrar una calle o hacer una marcha esporádica.
“Se irrespetan los contratos colectivos y la libertad sindical, sin embargo no hay una reacción más contundente como la paralización de actividades, debido a que la dirigencia sindical es ideológicamente inmadura”. Aclaró que no se trata de medidas desestabilizadoras sino de acciones definitivas como la huelga, cuyos pasos para llevarla a cabo, como la introducción del pliego conflictivo y la declaración de las 120 horas, están señalados en la Ley del Trabajo.
Sectores en tensión. El contrato marco de la administración pública, que ampara a 1,2 millones de funcionarios y obreros, está vencido desde hace 8 años y su negociación, que comenzó en septiembre de 2014, no avanza porque el Ejecutivo no ha hecho el estudio económico correspondiente. 60.000 trabajadores con 7 y 15 años de antigüedad esperan por entrar en la nómina fija del Ministerio de Salud porque ya expiró el plazo fijado por la Ley del Trabajo para incorporarlos. Mientras que 600 empleados del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas protestaron el lunes para que les restituyan derechos laborales anulados por el Ejecutivo cuando eliminó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
En el área de educación, 200.000 profesores, empleados administrativos y obreros han efectuado en las últimas semanas paros y protestas de calle por la tardanza y trabas del Ministerio de Educación Universitaria en la discusión del contrato. Habrá otro conflicto con 300.000 maestros por la negociación de la convención colectiva que vence este año.
Empresas del Estado. En la Siderúrgica del Orinoco, que emplea 12.500 trabajadores, la situación laboral se complica con el desconocimiento a la dirigencia sindical que reclama al patrono Estado el respeto a la contratación colectiva y otros derechos laborales, lo cual originó que tres dirigentes estuvieran presos tres meses y puestos en libertad bajo régimen de presentación a comienzos de junio pasado.
En Bauxilum más de 2.000 obreros y empleados viven una situación de incertidumbre porque la empresa se niega a reconocer el triunfo de la plancha de la oposición y exige anular la reciente elección sindical.
2.700 operarios y personal administrativo del Complejo Siderúrgico Nacional hacen asambleas, pues temen por sus puestos como consecuencia de la drástica caída de la producción de 210.000 a 19.000 toneladas anuales.
La discusión de la convención en la Corporación Eléctrica Nacional, iniciada en marzo pasado y que ampara 29.000 trabajadores, está estancada. Las últimas semanas han realizado asambleas y marchas.
Hay dos directivos sindicales despedidos por encabezar luchas para reclamar los derechos laborales de 1.500 trabajadores en las cementeras que fueron estatizadas.
La Cifra
300.000 empleados y obreros de alcaldías y gobernaciones fueron excluidos del contrato colectivo marco de la administración pública
Se reunieron Polar y Defensoría
Después de reunirse con el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas Polar, Guillermo Bolinaga, declaró a Unión Radio que le corresponde al Ministerio del Trabajo tomar una decisión sobre el conflicto que mantiene un sindicato de Cervecería Polar con la directiva de la empresa.
Bolinaga aclaró que acudieron ayer a la Defensoría para introducir una denuncia. “El defensor escuchó las acusaciones y dijo que espera que el conflicto se resuelva lo más pronto posible”. Reiteró que la mayoría de los trabajadores de Cervecerías Polar lo que quiere es trabajar, y precisó que el conflicto proviene del Centro Llano Polar-Sintraterricentro, uno de los 48 sindicatos que operan en la empresa y cuyos afiliados llega aproximadamente a 300 trabajadores.
Seguidamente el defensor se reunió con los representantes de Sutraba, sindicato que asegura afilia a la mayoría de los trabajadores de Cervecería Polar en el centro del país, para escuchar todas las partes.
http://www.el-nacional.com/economia/millones-trabajadores-publico-conflicto-gobierno_0_660534129.html
