Miembros del Comité de Derechos Humanos criticaron que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, constantemente desmintiera los señalamientos de abusos y malos tratos contra la suspendida jueza.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Caracas.- El proceso contra la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, y los malos tratos que habría recibido mientras estuvo detenida enfrentaron hoy a la delegación venezolana que compareció ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con algunos de los integrantes de esa instancia, la cual evaluó a Venezuela por el grado de cumplimiento de los Derechos Civiles y Políticos.
Durante la segunda y última sesión el experto Nigel Rodley criticó "la clara negación" de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en relación a las denuncias por malos tratos que habría sufrido la funcionaria, quien está siendo procesada por supuestamente haber facilitado la evasión del exbanquero Eligio Cedeño, luego de otorgarle una medida cautelar tras permanecer más de dos años detenido sin haber sido enjuiciado.
"Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de Fiscal General ni con las normas de la ONU", apuntó Rodley, según reseñó Efe, en respuesta a las afirmaciones que en la víspera hizo Ortega Díaz, quien puso en duda que Afiuni hubiera sido violada como ella lo aseveró en un libro, pues nunca lo denunció ante su despacho.
La jefa del Ministerio Público no se quedó callada y acusó al Comité de convertirse en "un tribunal" en el que se difunden "verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida".
El presidente del Comité, Favián Salvioli, por su parte, tuvo que intervenir para calmar los ánimos.
"Tal vez como hace 15 años que no participan en el examen han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países", apuntó.
Independiente no dependiente
Los señalamientos en relación a la falta de independencia del Poder Judicial, en particular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron negados por la presidenta de la Sala Social del máximo juzgado, magistrada Marjorie Calderón, quien aseguró: "El TSJ es independiente no dependiente", según publicaron activistas presentes en la sala a través de la cuenta de Twitter ExamenONU.
También le salió a la paso a la preocupación que en instancias internacionales hay por la situación de provisionalidad reinante en los tribunales, donde el 66% de los más de 2.000 jueces del país no ingresaron por concurso, asegurando: "Tanto los jueces permanente como los provisorios tienen total estabilidad laboral, gozan de los beneficios laborales".
El TSJ considera a los jueces provisorios, así como los temporales y accidentales como de libre nombramiento y remoción, por lo cual así como los designa los pueden remover sin ningún tipo de procedimiento.
Contra las ONG
Otro momento de tensión se vivió cuando el Comité pidió explicaciones a las autoridades por las denuncias de hostigamiento a los defensores de Derechos Humanos y las organizaciones de las forman parte. Esta versión fue negada por Rubén Dario Molina, director de Relaciones con los Organismos Multilaterales de la Cancillería, quien aunque afirmó: "Las ONG tienen toda la libertad de acción y ejercen sin dificultades el derecho a la asociación" justificó la dura posición de las autoridades frente a ellas.
"Los defensores de Derechos Humanos no son neutrales, accionan políticamente elaboran informes que no son ingenuos, toman posición. Por lo tanto se les responde políticamente, no se les acosa", agregó.
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