COMUNICACIÓN / La SIP y la CIDH rechazan arbitrariedad en la aplicación de multas y medidas legislativas


Con el apoyo de los jueces, los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner promueven disposiciones de censura que perjudican económicamente a los medios privados críticos a sus gestiones

EDGAR LÓPEZ

Los reportes de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican que en 2011 recrudeció el acoso a los medios de comunicación en Venezuela, Ecuador y Argentina.
Los gobiernos de los tres países han sido denunciados por su intolerancia a la crítica, expresada a través de continuos ataques a medios de comunicación privados y periodistas, así como de medidas legislativas y procedimientos administrativos y judiciales.
Los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa han destacado por sus constantes descalificaciones a la prensa. En 2011 las autoridades de Ecuador y Venezuela sumaron otra coincidencia: la aplicación de elevadas multas, que han puesto en peligro a dos medios de comunicación por la difusión de información u opinión que ambos gobiernos consideran delictiva. En cuanto a Cristina Fernández de Kirchner, las medidas contra la prensa han causado preocupación en los gremios periodísticos de la región, luego de la aprobación de una ley para controlar la fabricación, venta y comercialización de papel periódico.
De la vaguedad a la arbitrariedad. El 18 de octubre, el Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sancionó a Globovisión con una multa equivalente a 7,5% de sus ingresos brutos correspondientes a 2010. Se le acusa de violar los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos durante la cobertura periodística de los hechos de violencia ocurridos en las cárceles Rodeo I y II, entre el 16 y el 19 de junio. La resolución indica que el canal de noticias transmitió "mensajes que promovieron alteraciones del orden público, hicieron apología del delito, incitaron a la desobediencia del ordenamiento jurídico vigente, promovieron el odio por razones políticas y fomentaron la zozobra en la ciudadanía".
Globovisión fue el primer medio al que se le aplicó el incremento de las multas (hasta 10% de los ingresos brutos) incorporado en la reforma de la Ley Resorte que entró en vigencia en diciembre de 2010.
En el Informe Anual de Provea (octubre de 2010-septiembre de 2011) se razona que la tipificación de los hechos que acarrean multa es vaga "y permite que cualquier información desagradable para las autoridades pueda entrar en estos parámetros y ser objeto de censura por parte del ente regulador".
La ONG concluye que todas las reformas potencian el control que ejerce el Estado sobre los medios de comunicación privados e independientes y abren la posibilidad de que más medios se censuren por miedo a ser objeto de cierre temporal o definitivo".
Similares advertencias formuló la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH: "...esta Relatoría estima necesario poner de presente que las normas legales vagas e imprecisas pueden otorgar facultades discrecionales demasiado amplias a las autoridades, las cuales son incompatibles con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de noticias, informaciones u opiniones de interés publico. Este tipo de normas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de ideas incómodas o de informaciones inconvenientes sobre la actuación de las autoridades".
La quiebra como objetivo. Uno de los episodios más graves para la efectiva vigencia de la libertad de expresión en la región, denunciados por la SIP y la CIDH, fue la sentencia penal contra el articulista Emilio Palacios y los directivos del diario El Universo de Guayaquil Carlos, César y Nicolás Pérez, al declarar con lugar la demanda por injuria ejercida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Además de la condena a 3 años de prisión contra los 4 periodistas, el 20 de julio el juez provisorio Juan Paredes Fernández impuso una multa de 40 millones de dólares a El Universo . "Una multa des- proporcionada e impagable, que pone en peligro la subsistencia del diario", alegaron los directivos.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del Derecho Penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público", advirtió la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Durante su reunión semestral celebrada el 9 de diciembre en la sede de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami, el comité coordinador aprobó por unanimidad cuatro resoluciones para denunciar el progresivo deterioro de la libertad de expresión "como producto del avance del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado y la prensa independiente".
Intervenir en el negocio. Como en Venezuela, el Gobierno de Argentina ha pretendido el control de los medios de comunicación privados mediante una intervención directa en el negocio, específicamente a través de su incorporación a la junta de accionistas de las empresas periodísticas que identifica como adversarios políticos.
El 22 de diciembre el Senado aprobó una ley que declara de interés público la producción y distribución de papel periódico. La principal manufactura del producto en Argentina está a cargo de la empresa Papel Prensa, de la cual son socios los diarios Clarín y La Nación, junto con el Estado como accionista minoritario.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Gustavo Mohme, dijo: "Ahora nos resta esperar que las partes afectadas acudan a la justicia; y estamos seguros de que un eventual fallo no podrá desconocer que esta legislación avasalla el artículo 32 de la Constitución argentina y principios de jurisprudencia interamericana que prohíben la promulgación de leyes que afecten la libre distribución de las ideas".

El buen ejemplo del Gobierno mexicano
México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo: la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado 70 homicidios cometidos contra comunicadores entre los años 2000 y 2010, así como otros 13 asesinatos entre enero y octubre de 2011.
Sin embargo, el Gobierno de México no se ha opuesto al escrutinio internacional. Por el contrario, facilitó la visita de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y se comprometió a cumplir sus recomendaciones.
Además, los tribunales mexicanos han sentenciado con apego a la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión; destaca el fallo mediante el cual se determinó que un medio de comunicación puede criticar la línea editorial de otro sin que éste demande como un simple particular que defiende su honor.
Luego de un litigio de siete años, se reconoció el derecho de Letras Libres, dirigido por Enrique Krauze, de cuestionar la posición de La Jornada a favor de la organización terrorista ETA.